Siete exalcaldes de Cartagena serán investigados por detrimento de $300.000 millones en contrato de peajes

De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, que dio a conocer los resultados del proceso de responsabilidad fiscal que se adelantan por las irregularidades que se presentan en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena, entre el Distrito y la Concesión Vial S.A., que opera actualmente los peaje de Bazurto, Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra, reveló que la ciudad tendría un daño patrimonial que asciende a los $300.000 millones.

Según el órgano de control, al proceso de investigación y de responsabilidad fiscal fueron vinculados siete exalcaldes de Cartagena, varios exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (VAL) y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe).

El diario barranquillero, El Universal informó que todo inició, en agosto de 2019, cuando la Contraloría declaró el proceso de impacto nacional y posteriormente, en febrero del 2020, visitó las oficinas de Edurbe, Valorización y la Concesión Vial con un equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, donde encontró que la Tasa Interna de Retorno (TIR), pactada en el contrato de concesión como remuneración del concesionario por las obras realizadas, se habría alcanzado en 2015.

De acuerdo con los explicado por el diario, la Contraloría detalló que en los soportes del contrato de concesión entregados por la Alcaldía, no se evidenció la relación pormenorizada de los costos y gastos. Tampoco se obtuvo un análisis sobre la pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión, tarea que le correspondía al departamento administrativo de Valorización y a la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe).

“No se encuentran verificados ni analizados los costos y gastos incurridos en las obras y la operación de la concesión tanto por Edurbe como supervisor o interventor ni por las entidades que representan y deben velar por los intereses patrimoniales del Distrito como entidad concedente y que podrían estar impactando el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada”, explicó la Contraloría.

Asimismo, el ente regulador afirmó que no se halló un análisis sobre la veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado. Por lo que considero que era posible establecer serios indicios de que dicho control de costos no se habría realizado a cabalidad por la entidad concedente, ni la entidad titular de la valorización y tampoco por la sociedad contratista encargada de la interventoría en la fase de operación de la concesión.

Tras el panorama de inoperancia, la Contraloría General de la República calculó en más de $300 mil millones de pesos el daño patrimonial generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes.

Tras el fallo emitido por la Contraloría, el Colegio de Abogados Nacional, encabezado en la seccional Cartagena por Nausicrate Pérez Dau, le solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau, la intervención inmediata de estos peajes para que se suspenda su cobro, se levanten las talanqueras y que se embarguen las cuentas de la Concesión Vial, para recuperar los más de $300 mil millones de pesos de detrimento.

“Solicitamos en forma perentoria al alcalde que intervenga en forma inmediata los peajes, suspenda el cobro de los mismos, ordene levantar las talanqueras para que la ciudad de Cartagena, no se le siga cobrando unos peajes que desde el 2015, se viene cobrando injustamente”, destacó Nausicrate Pérez, según lo informado por Caracol Radio.

De igual manera, la corporación de abogados le solicitará a la Contraloría General que se embarguen las cuentas de la concesión vial, de los socios y de todos aquellos funcionarios; como ex alcaldes, ex directores de Valorización y de EDURBE para que le paguen a la ciudad de Cartagena, ese detrimento tan cuantioso. “Esperamos que actúen en forma inmediata porque el tiempo nos ha dado la razón”, indicó su vocero.

Estos hechos se venían denunciando, desde hace años, por el Comité Antipeajes, la Red de Veeduría a la Rama Judicial (Vejuca) y el grupo de ciudadanos significativos, quienes mantenían su inconformidad con el manejo que se le venía dando a los peajes internos en la ciudad.

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