En la mañana de este viernes, la Fiscalía General capturó a un funcionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba, hasta el pasado viernes 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo, por incurrir presuntamente en el delito de concusión.
Al parecer, este funcionario en ejercicio de su función y a través de dos personas, exigió 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en 2012.
Ante esta noticia, la nueva procuradora General, Margarita Cabello, resaltó que la Fiscalía haya informado de una estructura delincuencial, dedicada a realizar actos de corrupción al interior del Ministerio Público y que afectarían de manera seria a la misma y sus resultados.
Cabello afirmó que, se ha propuesto grandes metas en relación con el trabajo que adelantará el Ministerio Público en los próximos años, pero que para ello será fundamental contar con un equipo íntegro, comprometido y sobre todo transparente.
“En este punto será importante el respaldo y acompañamiento de las autoridades, quienes deberán ayudarme a depurar la entidad. Hoy, la Fiscalía demuestra que así será”, afirmó la procuradora.
En conversación con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la procuradora solicitó continuar trabajando de manera armónica a efectos de adelantar las investigaciones que sean necesarias y tomar de manera oportuna y contundente las acciones que se requieran para expulsar del interior de la institución a todo aquel que esté vinculado con actos de corrupción.
“La Procuraduría cuenta con servidores ejemplares, pero sabemos que siempre habrá corruptos y delincuentes al acecho, a quienes les decimos que nosotros estaremos vigilantes, que no nos temblará la mano y que no les vamos a permitir cometer sus fechorías”, aseveró Cabello.
El ente acusador determinó además, que el hoy procesado, presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.
Por estos hechos, la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de presentar dichas tutelas.
Se presume que, por lo menos desde junio de 2019 ,el funcionario estaría desarrollando la actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora.
El congresista Richard Aguilar en diálogo con Blu Radio, dijo que Jesús Alejandro Garzón le habría cobrado los 300 millones “hace año y medio” y que se debió por la sanción por un contrato de celaduría de su primera gobernación. Agregó que, finalmente el fallo fue a su favor, contrario a lo que pronosticaba Aguilar.
“Él fue muy insistente en reunirse conmigo, para sorpresa mandó una fotografía de la sustanciación del fallo y del número del proceso. Verifiqué y fue tan insistente que a mi se me hizo muy extraño y luego de una semana procedió a hacer la exigencia”, dijo a la emisora.
El exprocurador Fernando Carrillo respondió sobre los hechos a través de su cuenta de Twitter en la que señaló que fue gracias a él que denunció esas irregularidades.
“Agradezco a la Policía y Fiscalía la captura adelantada esta mañana a un funcionario de carrera de la Procuraduría que solicitaba dinero para, supuestamente, cambiar fallos. Esto fue denunciado por mi despacho ante la Fiscalía General desde el 21 diciembre de 2019″, aseguró Carrillo.
Le puede interesar: