JEP advierte sanciones para altos funcionarios del Gobierno si no establecen un plan de protección para excombatientes

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, dentro del trámite de medidas cautelares colectivas en favor de los comparecientes de las Farc y con el fin de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes, requirió al consejero Presidencial, Emilio Archila, a que adopte e implemente, a través de la Mesa Técnica, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios.

Igualmente, el alto tribual de paz requirió al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, para que presente el plan de acción y cómo proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes y fuera de los términos de decisión.

A su vez, la JEP requirió al director de la UNP para que se lleve a cabo el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción; se destine el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 y se realice la sostenibilidad financiera de los nombramientos mientras subsista el riesgo para la seguridad de los excombatientes de las Farc-EP.

Las anteriores decisiones responden al análisis de los informes de cumplimiento presentados por los dos altos funcionarios, en respuesta a las solicitudes de la JEP que no han sido atendidas con efectividad, y principalmente ante el incremento de la violencia que afecta a los excombatientes, sus familias e incluso los escoltas.

Según los análisis, cada cinco días un excombatiente de las Farc-EP es asesinado. A la fecha más de 256 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.

Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, los excombatientes no han recibido la atención suficiente por parte de las entidades responsables de prevenir la afectación de sus derechos y proteger la vida, integridad y seguridad de dicha población en condición de vulnerabilidad.

En el auto que emitió la JEP, se lee que el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, tiene un plazo de 20 días para adoptar e implementar el plan de seguridad.

Mientras que el director de la UNP, “tiene 10 días para que presente el plan de acción, con cronograma aprobado y en ejecución de forma razonable y con términos definidos sobre la forma como se proyecta evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo que se encuentran pendientes y fuera de los términos de decisión”.

La JEP advierte que, si lo altos funcionarios incumplen estas órdenes conlleva a la imposición de sanciones correccionales.

Este es al auto de la JEP:

Ayer, 21 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU dio un espaldarazo al Acuerdo de Paz y pidió mayor presencia del Estado para frenar la violencia contra excombatientes y líderes sociales.

El jefe de la Misión ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expuso que desde la publicación del informe del secretario General ( de enero de 2021) han sido asesinados otros cuatro excombatientes, lo que eleva a un total de 252 desde la firma del Acuerdo de Paz. Entre las víctimas se encuentra la excombatiente Yolanda Zabala, de 22 años, quien fue asesinada junto con su hermana, de 17 años, en el departamento de Antioquia, el 1 de enero.

“Líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como miembros de partidos políticos también siguen siendo, lamentablemente, víctimas. El 24 de diciembre fue asesinado Alejandro Pérez, concejal del Partido Conservador en el departamento de Córdoba. Y el 11 de enero, Gonzalo Cardona, defensor de la protección de especies en peligro de extinción en el departamento de Tolima, fue encontrado muerto”, le dijo Massieu a los países del Consejo de Seguridad de la ONU.

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