Iván Duque socializó plan de vacunación con la Corte Constitucional ante posible ‘avalancha’ de tutelas

El pasado jueves, el presidente Iván Duque, junto con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, expusieron el Plan Nacional de Vacunación ante la Corte Constitucional para su socialización. Ante los nueve magistrados de la corporación, el mandatario de los colombianos explicó los principios que orientan dicho plan, la priorización y los objetivos que pretende alcanzar.

Acerca del proceso, se desglosó fase por fase del programa de vacunación, incluyendo los procesos que se tienen que articular junto con la aplicación de las dosis. El Gobierno agregó los aportes ciudadanos al Decreto, ya que el mismo estaba abierto a comentarios y modificaciones provenientes de la población colombiana.

Ante esto, el presidente, mediante su cuenta de Twitter, manifestó su agradecimiento a la Corte por “su compromiso con el país en esta pandemia y la protección del orden constitucional”.

Entre los criterios de priorización, que según el ministerio a cargo están probados científicamente, está la población mayor de 60 años y las comorbilidades que se han evidenciado como riesgosas en el caso de contagio: hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis y obesidad.

También, se delimitaron los objetivos que, naturalmente, será la reducción de muertes, disminución de casos críticos y la disminución de los contagios que, en los últimos días, han llegado a picos históricos en las principales ciudades del país.

Sin embargo, en la reunión se tocó un tema sensible que podría, según el Gobierno, obstaculizar el Plan Nacional de Vacunación y poner en riesgo a los colombianos más vulnerables ante un contagio de COVID-19. Como ya ocurrió una vez, las personas podrían elevar acciones legales a la rama judicial del país para poder ser vacunados.

Durante el programa ‘Prevención y Acción’, Ruiz recomendó a los jueces de Colombia no favorecer judicialmente a los ciudadanos que pretendan priorizarse en el proceso de vacunación sin justa causa. Ante esto, el jefe de la cartera de Salud reveló que se negó la primera tutela que se interpuso para dicho fin.

“Una tutela que interpuso un ciudadano ante el juez cuarto de familia de Cali. Solicitó la protección de los derechos a la vida y pidió que el Ministerio de Salud lo vacunara de manera inmediata a él y a su entorno familiar, independientemente de su edad, condición y riesgo, y lo vacunara con dos vacunas que menciona con nombre específico”, explicó Ruiz en el programa diario.

Frente a la solicitud, el juez decidió denegar el amparo por incurrir en vulneración del derecho a la igualdad de los demás colombianos que esperan la fase que les corresponde. Según el ministro, el accionante apela a el sufrimiento que le trajo el COVID-19, el cual, de acuerdo con la consideración del juez, lo ha padecido Colombia entera por igual.

El ciudadano, caleño de nacimiento, es Óscar Alfredo Zúñiga Caicedo y la tutela fue instaurada contra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Presidencia de la República.

Para negar el acceso privilegiado, el ministerio indicó que no hay ninguna legitimidad en su petición de recoger la opinión de toda la población colombiana, “por lo que no es posible determinar el número de personas que son objeto de la agencia oficiosa invocada y teniendo esto presente, se avoca una ambivalencia, ya que se desconoce la calidad por medio de la cual actúa el accionante”, dictó el fallo.

En las últimas horas, trascendió que Zúñiga, neuropsicólogo de 65 años, recibió comentarios descalificadores e, incluso, amenazas de muerte por la tutela que accionó.

“Por la misma información que ha dado el Ministerio de Salud, que es una información provocativa, la población ha actuado contra mi persona, lo cual me ha causado muchos problemas y molestias en el momento; insultos, amenazas de muerte y otras cosas”, explicó a Noticias Caracol y añadió que impugnó la decisión del juez.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: