ANLA ratifica millonaria sanción contra Hidroituango por irregularidad en túnel de desviación

Este jueves 21 de enero, EPM, en su calidad de mandataria de la Sociedad Hidroituango, informó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó mediante la resolución 172 del 15 de enero, una multa de $5.509 millones por hechos que tuvieron que ver con la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) del proyecto.

Cabe resaltar que, el SAD surgió en 2014 como una solución para recuperar el retraso de un año que tenía la desviación del río Cauca, dentro de la ejecución de Hidroituango.

De acuerdo con el ente de control, se confirmó que la sociedad inició la construcción del túnel de desviación del río Cauca sin solicitar la modificación de la licencia existente, que era un requisito necesario para dicha obra.

El túnel, fue el que colapsó y causó la emergencia en abril de 2018, y por esa razón en una auditoría realizada al proceso de licenciamiento del proyecto, conocida en agosto de ese año, la Contraloría General confirmó un hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria y penal, por el comienzo de obras de la SAD sin el permiso ambiental requerido.

Tras hallar que este empezó a construirse trece meses antes de obtener la licencia, la ANLA formuló el cargo único contra la sociedad por haber iniciado las actividades relacionados con la SAD y su infraestructura asociada, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de esta.

Por su parte, EPM mediante un comunicado manifestó que “ante la Resolución en mención se procederá conforme a las acciones judiciales que fueren necesarias”.

Por otro lado, el pasado 18 de enero, después de que el consorcio CCC Ituango, constructora de Hidroituango informó que acudiría a un Tribunal Internacional para resolver diferencias con EPM, se radicó dicha solicitud.

El consorcio, integrado por las firmas Camargo Correa, de Brasil y las colombianas Conconcreto y Coninsa-Ramón H., busca con esta medida resolver “de manera definitiva” la controversia con la empresa de servicios públicos por las afectaciones en Hidroituango.

“El Consorcio CCC Ituango demostrará, ante el Tribunal Arbitral de carácter Internacional, que técnica y jurídicamente no tuvo responsabilidad en los hechos que dieron lugar a la contingencia. Adicionalmente, buscará que le sean resarcidos los perjuicios por los impactos reputacionales y económicos que ha sufrido”, puntualizó.

Se espera que el Tribunal Arbitral, mediante un grupo de expertos en resolución de este tipo de controversias, entreguen una conclusión sobre los aspectos debatidos entre las partes.

Cabe recordar, que luego de terminar sin éxito la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 8 de enero, varios frentes se abrieron para tramitar las diferencias legales entre EPM y los consorcios que participaron en el diseño, asesoría, construcción e interventoría de Hidroituango.

El primero de ellos se activó cuatro días después, cuando EPM presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con una multimillonaria reclamación de $9,97 billones por los daños y retrasos en la megaobra.

Sin embargo, el Consorcio informó que esto en nada afecta el compromiso para terminar el proyecto, después de que a finales del 2020 se ampliara el contrato entre ambas partes con el fin de que Hidroituango genere energía en 2022.

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