Investigación por asesinatos durante protestas contra la Policía queda en manos de la Fiscalía

En la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de tres uniformados de la Policía, implicados presuntamente en el asesinato de cuatro ciudadanos que participaban de las protestas que ocurrieron en Bogotá durante el 9 de septiembre, motivadas por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, la defensa de dos uniformados manifestó un conflicto de competencias para que fueran juzgados por la Justicia Penal Militar.

Por su parte, la Fiscalía y la representación de las víctimas se opusieron a esa solicitud de los abogados, y el juez de control de garantías, que estaba pendiente de escuchar la imputación de cargos que haría el ente acusador en contra del patrullero John Andrés Gutiérrez, señalado de las muertes de Andrés Felipe Rodríguez y Javier Fonseca.

Esto, debido a que la entidad tiene la hipótesis de que las muertes durante los hechos de violencia en el occidente de Bogotá, no fueron actos del servicio y en consecuencia, no pueden ir a la Justicia Penal Militar.

Lo cierto es que este jueves 21 de enero, durante la audiencia que definía el camino de la investigación contra el patrullero Gutiérrez, el juez de garantías tomó la determinación de mantener el proceso en la justicia ordinaria, pues, aunque se confirmó la vinculación del patrullero con la Policía Nacional, estos argumentos no son suficientes para remitir el proceso a la jurisdicción castrense, ya que lo que se investiga aquí son los asesinatos de cuatro ciudadanos.

“No hay elemento que permita establecer que la Justicia Penal Militar haya requerido a la Fiscalía General de la Nación, mucho menos a este despacho judicial, la remisión de este asunto por considerarse competente para conocer de esta actuación”, expresó el juez que lleva el caso.

Por su parte, los investigadores y fiscales del caso anticiparon que presentarán durante la imputación de cargos, algunas declaraciones y pruebas de balística para demostrar que los impactos de bala en el cuerpo de las víctimas salieron de las armas que portaban los uniformados.

Asimismo, el pasado 20 de enero, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio al patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia por su presunta responsabilidad en la muerte de Angie Paola Baquero, de 29 años, en medio de las protestas.

La fiscal del caso señaló que por su actividad laboral el uniformado tenía capacitación en manejo de armas y, además, conocía de las regulaciones para enfrentar protestas como las registradas el día de los hechos.

El que está pendiente por imputar o definir competencia en el proceso, es el patrullero Andrés Díaz Mercado, pues la audiencia se fijó para el 28 de enero.

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