La Unidad para las Víctimas de Colombia anunció que para este miércoles 20 de enero está previsto el retorno de cerca de 900 indígenas que fueron desplazado el pasado 3 de diciembre, tras el asesinato de un líder social y la incursión de grupos paramilitares en el municipio Bahía Solano, departamento del Chocó.
La entidad de víctimas en articulación con el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública, la Gobernación del Chocó, y la Alcaldía de Bahía Solano coordinaron el retorno de estas 203 familias indígenas embera a su lugar de residencia, luego de haber sido desplazadas hace más de mes y medio de este paraíso costero.
“En Comité de Justicia Transicional, en el que participamos entidades con las cuales estamos coordinando el retorno previsto para este miércoles, recordamos que nosotros hicimos entrega de 20 toneladas de alimentos a la administración municipal de Bahía Solano, ayuda destinada para el retorno”, aseguró la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Chocó, Vanessa Palacios.
Estas familias embera pertenecientes a las comunidades Boro Boro, Bucurú Purrú, y Posa Mansa pertenecientes al resguardo Río Valle y Boroboro de la cuenca del río Valle huyeron de este sector turístico, en la región selvática del Pacífico, luego del asesinato del líder comunitario Miguel Tapí Rito el pasado 3 de diciembre y la presunta incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGT), también conocidas como el Clan del Golfo.
Vanessa Palacios señaló que la entidad de víctimas se comprometió a entregar los casi 680 galones de gasolina necesarios para el proceso de traslado al territorio de los indígenas que contarán con el acompañamiento de entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas.
La directora aseguró que con estas entidades se están coordinando acciones con la intención de fortalecer la economía de estas comunidades, a través de procesos productivos generando una sostenibilidad para las familias en su retorno.
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“De esta manera, continuar brindando acompañamiento antes, durante y después del proceso de retorno, generando garantías en el territorio y cumpliendo los tres principios establecidos conforme a la directiva ministerial para estos procesos: voluntariedad, dignidad y seguridad”, concluyó la directora de la entidad.
<mark class="hl_orange">El Gobierno coordinó el retorno el pasado 13 de enero</mark>
La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que el 13 de enero se adelantaría una reunión entre las diferentes entidades del Estado y las autoridades indígenas embera, para evaluar las condiciones de retorno de cerca de 200 familias desplazadas de Bahía Solano (Chocó), según informó Radio Nacional.
En esa reunión se evaluaron todas las posibilidades para garantizar el restablecimientos de los derechos de las familias afectadas, luego de seis semanas en las cuales se vieron obligadas a desplazarse por cuenta de las acciones de los grupos armados organizados y el asesinato de un líder comunal.
Según el comunicado oficial de la Consejería para los Derechos Humanos, la alta funcionaria resaltó que, en medio de las dificultades propias por la pandemia del covid-19, “el trabajo interinstitucional permitió no solo brindar la atención de emergencia a las 200 familias desplazadas sino garantizar su estabilización. Ahora el reto que tenemos es lograr un efectivo retorno”.
Así mismo, se destacó el esfuerzo desarrollado por el DPS, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas y el ICBF, en articulación con la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Bahía Solano, la Personería municipal, el Instituto de Investigaciones del Pacífico, Fupad, la Cruz Roja, el sector privado y la cooperación internacional representada en ACNUR y el Consejo Noruego.
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