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Durante el programa ‘Prevención y Acción’, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, recomendó a los jueces de Colombia no favorecer judicialmente a los ciudadanos que pretendan priorizarse en el proceso de vacunación sin justa causa. Ante esto, el jefe de la cartera de Salud reveló que se negó la primera tutela que se interpuso para dicho fin.
“Una tutela que interpuso un ciudadano ante el juez cuarto de familia de Cali. Solicitó la protección de los derechos a la vida y pidió que el Ministerio de Salud lo vacunara de manera inmediata a él y a su entorno familiar, independientemente de su edad, condición y riesgo, y lo vacunara con dos vacunas que menciona con nombre específico”, explicó Ruiz en el programa diario.
Frente a la solicitud, el juez decidió denegar el amparo por incurrir en vulneración del derecho a la igualdad de los demás colombianos que esperan la fase que les corresponde. Según el ministro, el accionante apela a el sufrimiento que le trajo el COVID-19, el cual, de acuerdo con la consideración del juez, lo ha padecido Colombia entera por igual.
El ciudadano, caleño de nacimiento, es Óscar Alfredo Zúñiga Caicedo y la tutela fue instaurada contra el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Presidencia de la República.
Para negar el acceso privilegiado, el ministerio indicó que no hay ninguna legitimidad en su petición de recoger la opinión de toda la población colombiana, “por lo que no es posible determinar el número de personas que son objeto de la agencia oficiosa invocada y teniendo esto presente, se avoca una ambivalencia, ya que se desconoce la calidad por medio de la cual actúa el accionante”, dicta el fallo.
En una edición de ‘Prevención y Acción’ anterior, el presidente y presentador, Iván Duque, le solicitó a la población no saltarse el orden que estableció el Plan Nacional de Vacunación. Todo esto, bajo la premisa de que “los colombianos solemos usar las tutelas para obtener beneficios”, dijo Ruiz, y recalcó que dichas acciones no generan sino daños a la sociedad.
El mensaje central fue “hacer respetar esas prioridades porque debe primar el derecho colectivo al derecho individual a las personas”, tal como lo reiteró el pasado 19 de enero.
“El llamado es para que las personas que de pronto no están dentro de las líneas de prioridad en las secuencias definidas en el plan de vacunación, no empiecen a llenar el sistema judicial de tutelas buscando un mecanismo para saltarse ese lugar”, finalizó el mandatario de los colombianos.
Se activa la vigilancia de la vacuna
Teniendo en cuenta las recientes controversias alrededor del proceso de inmunización contra el COVID-19 en Colombia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación sostuvieron una reunión para discutir aspectos principales de la estrategia de vacunación del Gobierno. Este fue el primer encuentro de lo que las entidades han denominado como Mesa Permanente de Trabajo para vigilar el Plan Nacional de Vacunación.
“Desde la Defensoría del Pueblo hemos dispuesto, conjuntamente con la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hacer un seguimiento permanente e informado al país de toda la evolución del proceso del Plan Nacional de Vacunación. El interés de todos los órganos de control en esta Mesa de Seguimiento y acompañamiento es preservar y salvaguardar los derechos de todos los colombianos”, aseguró Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, a través de un comunicado de prensa.
Durante este primer encuentro, las entidades analizaron los principales aspectos del Plan Nacional de Vacunación relacionados con los riesgos, recursos y necesidades para su implementación. Al tocar estos puntos, se acordó que es necesario seguir de cerca el proceso de información para que se realice una pedagogía adecuada de estos temas.
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