Hay una sobrepoblación de casi el 200 % en los centros de reclusión transitorios de Colombia

Pese a que en diciembre pasado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, Inpec, celebró la reducción del hacinamiento hasta niveles inferiores al 20 por ciento en los centros de reclusión del país, un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo revela que el sistema penitenciario colombiano sigue sin dar abasto, esta vez a causa de la Policía y la Fiscalía.

Dichas entidades tienen a su cargo los llamados centros de reclusión transitorios, es decir, CAI, estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata, URI, que, por lo menos a un nivel regional, informó la entidad defensora de los derechos humanos, estaban albergando a 19.293 personas para el mes de diciembre de 2020.

Al discriminar por sitio, el reporte difundido por RCN Radio indica que 17.478 de estas —2.528 condenados, 14.950 imputados y 151 sin medida de aseguramiento intramural— se encontraban en 1.206 salas administradas por la Policía Nacional, lo que se traduce en una sobrepoblación del 194 por ciento, si se tiene en cuenta que las mismas tienen una capacidad conjunta para un total de 5.942 personas.

El mismo documento señala que 16.629 son hombres, 828 son mujeres y 21 hacen parte de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales). De igual forma, 1.243 reclusos provienen de otros países, mientras que sólo 8.686 permanecen en instalaciones de la Policía Metropolitana, es decir, en ciudades, mientras que el resto están en pueblos.

Lo que es más preocupante es que apenas 2.175 miembros de la fuerza pública están encargados de la custodia de los casi 18.000 detenidos.

A la par, las 75 URI de la Fiscalía contienen a un total de 1.875 privados de la libertad, de los cuales 37 están condenados, 1.478 son imputados y 22 tienen una medida de aseguramiento que no contempla la privación de la libertad. Juntos, equivalen a un nivel de hacinamiento del 42 por ciento frente a la capacidad instalada para 1.278 personas.

Al aplicar el mismo censo demográfico, la Defensoría determinó que de los individuos, 1.674 son hombres, 139 son mujeres y sólo dos hacen parte de la comunidad LGBTI. De igual forma, 149 provienen de otros países; 1.633 están recluidos en las URI de la Policía Metropolitana y sólo 182 en las sedes regionales.

Como sucede con las estaciones de la fuerza pública, esos casi 2.000 recluidos están bajo el cuidado de sólo 176 uniformados.

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Junto al balance de los centros de reclusión transitorios, la entidad ejecutó un programa de brigadas de salud focalizadas en once territorios del país: Quibdó, Leticia, Valledupar, Tumaco, Neiva, Ibagué, Medellín, Yopal, Arauca, Barranquilla y Bucaramanga, donde se les prestó atención a un total de 777 personas. Allí mismo, informó El Espectador, se determinó que en dichos lugares de detención se evidencian, además del hacinamiento, casos de violación de derechos y ausencia de espacios para tratar casos de coronavirus.

“Con el acompañamiento de personal médico y de enfermería se brindó atención médica general a la población privada de la libertad, se evaluaron las rutas de prevención, atención y mitigación del covid-19 e, igualmente, se entregaron elementos de bioseguridad”, señaló la Defensoría, agregando que las afectaciones más comunes fueron dolor de columna, dolor de cabeza severo, afecciones o salpullidos en la piel, al parecer, a causa del mal servicio público en el suministro de agua.

“La Defensoría del Pueblo continuará esta labor para lograr el restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, se lee en un comunicado de la entidad, que también hizo un llamado a las autoridades locales para no desatender a los reclusos y comenzar a pensar en la reducción de la sobrepoblación.

Vale recordar que, en las últimas horas la Personería de Bogotá también emitió una alerta similar. “Encontramos una alarmante situación de hacinamiento que se convierte en una bomba de tiempo toda vez que puede expandir aún más el covid-19 en la ciudad. Es inconcebible que en estaciones como la de Kennedy, que tiene capacidad máxima para 50 personas, encontremos 189 personas”, dijo el personero distrital Julián Pinilla.

Por ello, ordenó el traslado de 576 personas recluidas en centros transitorios hacia centros penitenciarios, convirtiendo el asunto de la sobrepoblación en una especie de círculo vicioso.

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