Patrullero negó su participación en la muerte de una mujer de 29 años en las protestas de septiembre del 2020

En la mañana de este martes se conoció que el patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia, acusado de asesinar a Angie Paola Baquero, de 29 años, el pasado 9 de septiembre del 2020 en las protestas sociales que se generaron por la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, no aceptó los cargos en su contra por homicidio y ahora tendrá que ir a juicio.

“Usted ha sido capacitado para enfrentar este tipo de situaciones”, cuestionó la fiscal del caso, quien aseguró que los policías poseen todo el conocimiento y la información necesaria en cuanto a armas, protocolos y demás para actuar durante las protestas sociales. Además, la jurista aseguró durante la audiencia, la cual se celebró de manera virtual, que en ese tipo de situaciones, las autoridades deben propender por detener la violencia, persuadir a los manifestantes y, como último recurso, usar las armas de fuego.

Por otro lado, en la audiencia se citó el informe forense del cuerpo de la víctima y se evidenció que Medicina Legal dictaminó que el proyectil que le arrebató la vida a Angie Paola fue disparada de un arma de dotación, la cual le pertenecía al policía encargado de servir en el Cai de Aures el día de los hechos; es importante mencionar que Jorge Andrés Lasso Valencia estaba en guardia ese día.

La fiscal le recordó al patrullero implicado que este crimen podría acarrearle una condena de más de 17 años tras las rejas; sin embargo, Jorge Andrés Lasso Valencia no aceptó los cargos por los que es imputado.

De igual forma, de acuerdo al diario El Tiempo, Yenifer Catherine Rodríguez Hernández, abogada de la mamá de la víctima, desvirtuó la información de la Fiscalía y aseguró que Angie Paola jamás participo en la protesta ni hizo parte de las represalias en contra de la Policía Nacional; aseguró que la mujer solo observaba la situación y evidenció desacuerdo con la medida de la Fiscalía de no poner las rejas al uniformado implicado, entre tanto se adelanta el proceso.

Pese a dicho cuestionamiento, el ente acusador mencionó que no podía poner tras las rejas al patrullero debido a que no procedía por el delito imputado.

En contexto

Según informaron en la edición del sábado del informativo de televisión Noticias Uno, esta semana se llevaría a cabo la audiencia de imputación de cargos para 3 policías a quienes se les señala de disparar sus armas de dotación durante las protestas ciudadanas del 9 y 10 de septiembre de 2020, que se realizaron con motivo del asesinato del estudiante de derecho Javier Ordoñez, en lo que sería otro caso de abuso policial.

De acuerdo con la información del noticiero, los uniformados tendrán que responder por los homicidios de cuatro personas: Angie Paola Baquero y Germán Puentes, que perecieron en Suba, y de Andrés Felipe Rodríguez y Jaider Fonseca, quienes fallecieron en el barrio Verbenal, de la localidad de Usaquén.

El noticiero entrevistó a Alejandra Garzón, apoderada de las víctimas de los disparos en las protestas, quien indicó que uno de los uniformados, estaría involucrado en dos de esos homicidios.

“Se llamaron a cargos a 3 patrulleros por 4 víctimas. Razón por la cual, el patrullero que fue llamado por el homicidio de Jaider Fonseca, pues también fue la persona que ocasionó el homicidio a Andrés Rodríguez”, dijo Garzón a Noticias Uno.

En el informativo de televisión señalaron que ese policía aparece en videos que se grabaron durante las manifestaciones en el barrio Verbenal, y que de acuerdo con la misma investigación de la Fiscalía, el uniformado habría disparado su arma de dotación en por lo menos 15 ocasiones contra los manifestantes, cuatro de esos disparos serían los que le ocasionaron la muerte a Jaider Fonseca, y otro más, fue el que provocó el deceso de Andrés Rodríguez.

En Noticias Uno informaron también que la Fiscalía acusaría por homicidio al otro patrullero que se señala habría ocasionado la muerte de Germán Puentes en Suba y que además habría disparado 25 veces su arma de dotación en contra de los manifestantes. Sin embargo, el ente acusador no solicitaría por este caso la medida de aseguramiento para el uniformado.

La apoderada de las víctimas indicó en el noticiero que solicitarán al organismo investigador que ajuste la imputación, porque consideran que estos policías son un peligro para la sociedad.

“La Fiscalía General de la Nación, en esta audiencia de imputación, debe solicitar la medida de aseguramiento privativa de la libertad para todos los patrulleros, en el sentido de que en efecto existe un riesgo para la población civil”, agregó la abogada.

En el informativo recordaron que hay 77 investigaciones, entre penales y disciplinarias, contra los policías que habrían disparado a los ciudadanos en las manifestaciones, pero que solo se han identificado a 3 que usaron sus armas contra quienes protestaban.

Agregaron también que hubo uniformados en esas protestas que usaron armamento ilegal, que siguen en la Policía y no han sido identificados.

“Es importante preguntarse cuál es la garantía real de que se tenga un acceso efectivo a la administración de justicia para todas estas víctimas, no solamente las que fueron mortales, sino también las que resultaron lesionadas”, concluyó la abogada, quien también solicitó que estos procesos penales permanezcan en la justicia ordinaria y no se trasladen a la Penal Militar, pues las muertes de los manifestantes no se dieron en actos del servicio.

Las protestas de septiembre de 2020 se realizaron para rechazar del homicidio del estudiante de derecho Javier Ordoñez, que de acuerdo a varios videos, algunos de ellos virales en la redes sociales, habría muerto por una golpiza que le propinaron dos policías en el CAI del barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.