Procuraduría emite sanciones por corrupción en los Programas de Alimentación Escolar de Santander y Putumayo

A un día de culminar su periodo como procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, parece estar despidiéndose a ritmo de sanciones. La primera que se conoció, este 14 de enero, fue la destitución e inhabilitación por 13 años al general (r) Rodolfo Palomino, seguida por la multa e inhabilitación a la representante legal de Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Luisa Fernanda Flórez Rincón, por corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Santander, y la suspensión de funcionarios del Putumayo por hechos irregulares en el PAE de ese departamento.

La Procuraduría dio a conocer durante la tarde de este jueves, que inhabilitó por 20 años a Flórez Rincón, operadora del PAE de Santander para la vigencia 2016, y la sancionó con multa de $4.319´589.236, por actos de corrupción en contratos del programa alimentario por más de $23.800 millones.

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A su vez, aseguró que, “en un segundo fallo sobre las irregularidades en el contrato 023, celebrado con la Unión Temporal Putumayo Somos Todos 2017, para el suministro del PAE, el ente de control sancionó con suspensión a dos secretarios de la Gobernación de Putumayo y al entonces jefe de la oficina de Contratación”.

Detalles de la sanción a Flórez Rincón por caso en PAE Santander

Según la información del ente de control, en el caso del PAE Santander para la vigencia 2016, se determinó la existencia de conductas penales relacionadas con falsedad material en documento público y privado, cometidas por la disciplinada cuando ejecutó el contrato 601 del 21 de abril, suscrito con la Gobernación de Santander para la entrega del complemento alimentario a 100.000 estudiantes, lo que permitió que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, se apropiara ilegalmente de $2.159´794.618, provenientes de recursos del Estado para operar el programa.

“La corrupción en el uso de los recursos del programa por parte de un operador del PAE, responsable en nombre del Estado de operarlo en beneficio de las niñas, los niños y las y los adolescentes del país es una lesión grave y ominosa de la Constitución Política en clave del derecho a la educación”, manifestó la Procuraduría en su comunicado.

El ente de control explicó que, los operadores contratados para el suministro de alimentación en el PAE son sujetos disciplinables, ya que ejecutan de manera coordinada una función propia del Estado, que además tiene que ver con los derechos fundamentales de los niños en Colombia, esencialmente el de la educación.

La Procuraduría también aseguró que, tomó como agravante que el PAE también es conexo con la dignidad humana, porque les permite a los estudiantes del sistema público educativo poner en marcha desde la educación, su particular proyecto de vida, y además está ligado con los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y a favorecer el aprendizaje y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó definitivamente la falta de Flórez Rincón como gravísima a título de dolo, pero el ente de control informó que contra esta decisión procede recurso de apelación.

Sanciones por caso en PAE Putumayo

El ente de control informó a su vez, que sancionó con suspensión por 11 meses al exsecretario de Educación de Putumayo y supervisor del contrato, Jorge Enrique Ferrín Dorado; también por 10 meses al entonces secretario de Servicios Administrativos, con funciones de gobernador de Putumayo, Óscar Darío Mallama Quetama (2017); y por 9 meses al exjefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano.

Según la Procuraduría, “se evidenció que los pliegos de condiciones del proceso que llevó a la firma del Contrato 023 celebrado con la Unión Temporal Putumayo Somos Todos 2017, para el suministro del PAE, carecían de reglas objetivas y justas, toda vez que los disciplinados asignaron puntuaciones a requisitos técnicos del Sistema Biométrico de Captura de Huella Dactilar de los niños beneficiarios, y a los exámenes microbiológicos para los alimentos suministrados, con lo que afectaron la participación plural de oferentes, y direccionaron la contratación estatal”.

La entidad aseguró que la contratación del PAE tiene una connotación especial que responde a una política pública estatal, a través de la cual se promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, por tanto, debe adelantarse con el máximo rigor y transparencia que permita la participación de múltiples oferentes, y para ello, las condiciones debieron ser claras desde el inicio.

En fallo de primera instancia, las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de culpa grave. Así mismo, el ente de control informó que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria, que será sustentado en audiencia el próximo 25 de enero de 2020 a partir de las 9:00 a. m.

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