Cuál es el panorama del aborto en Colombia tras la entrada en vigor de la norma en Argentina

Desde el jueves 14 de enero de 2021, oficialmente, comenzó a regir en Argentina la ley, aprobada el pasado 30 de diciembre en un histórico debate que duró más de 12 horas en el Congreso, que permite el aborto de manera electiva en las primeras 14 semanas de gestación.

Con este paso, Argentina se une a Cuba, Uruguay y Guyana como pioneros de la despenalización del aborto en América Latina, (en México solo se permite la interrupción del embarazo en Oaxaca y Ciudad de México).

En este escenario, se abre un nuevo panorama para Colombia, donde el aborto está permitido desde el 2006 por la Corte Constitucional que reglamentó con la sentencia C-355 las tres causales para interrumpir un embarazo: cuando afecte la salud o la vida de la mujer, en casos de violación e incesto o si el feto tiene malformaciones. Hasta el momento, que una mujer se realice un aborto fuera de estas tres causales la expone a someterse a un proceso penal.

En septiembre de 2020 se abrió, nuevamente, el debate sobre la despenalización total del aborto, debido a que el movimiento Causa Justa, que reúne a 91 organizaciones y 134 activistas presentó ante la Corte Constitucional una demanda que pretende que se elimine el artículo 122 del Código Penal, que criminaliza el aborto, para que las mujeres no sean perseguidas con penas, que pueden ir de uno a cuatro años de prisión.

Despenalización del aborto en Colombia:

El camino de la despenalización del aborto en el país comenzó hace 14 años, cuando la Corte Constitucional aceptó una demanda contra el delito del aborto para que en Colombia no se penalizara la interrupción voluntario del embarazo (IVE) en tres causales: en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación del feto incompatible con la vida fuera del útero o en caso de violación o incesto, lo que quedó consagrado en la sentencia C-355 de 2006.

Sin embargo, las voceras del movimiento Causa Justa aseguraron que aunque en esos casos la Interrupción voluntaria del embarazo -IVE- evolucionó hasta convertirse en un derecho fundamental, se siguen presentando obstáculos y barreras para garantizarlo, y la primera de ellas es que el aborto por fuera de esas tres excepciones, sigue siendo un delito.

Inclusive, dentro de la demanda que presentaron en septiembre de 2020 se confirmó que varios médicos no están practicando los procedimiento, basándose en su derecho a la objeción de conciencia, por lo cual, en 2008, la sentencia T-209 dictaminó que, si algún médico rechazaba realizar el procedimiento, debía enviar a la mujer a otro centro o instancia para garantizar su derecho.

Infobae habló con Mariana Ardila Trujillo, abogada de la Dirección Legal de Women´s Link Worldwide para que explicara desde el movimiento, por qué buscan que el aborto sea completamente despenalizado y qué está pasando actualmente con la demanda que se radicó en septiembre del año pasado.

“El hecho de que el aborto continúe siendo un delito en el Código Penal, aunque existan causales excepcionales dictadas por la Corte Constitucional, envía un mensaje muy confuso a la ciudadanía, pues el aborto es a la vez un derecho fundamental y un delito, esto muestra una vocación del Estado hacia la criminalización de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y los grupos anti derechos aprovechan la ambigüedad para desinformar, crear y justificar más barreras de acceso a un aborto seguro para las mujeres y niñas en Colombia”, confirmó Ardila.

Por otro lado, Ardila aseguró que, “las mujeres que viven alejadas de las capitales, y que no tienen recursos para el traslado o información no están teniendo acceso, con lo cual su salud y sus vidas se siguen poniendo en riesgo por abortos inseguros. De igual manera, según cifras oficiales las mujeres que son criminalizadas por aborto en Colombia son las niñas y jóvenes, las que viven en el campo, las más pobres, las víctimas de violencia intrafamiliar”.

Aunque hasta el momento no se ha rechazado, ni aprobado la demanda de Causa Justa, se está adelantado un trámite vía legislativa que pretende dejar claro que, “la vida empieza desde el momento de la concepción”.

Lo que busca esta iniciativa, propuesta por las congresistas conservadoras Esperanza Andrade y Adriana Matiz, es eliminar la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo en situaciones ajenas a las permitidas por la ley desde 2006. Proyecto al que se le unen varios movimientos como la Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida.

“No se puede legalizar la muerte de un ser humano que está por nacer, en especial, cuando el aborto no es la solución a un déficit de políticas públicas a favor de las mujeres; esto no resulta propio de un Estado Social de Derecho, que debe garantizar la protección de la vida humana desde su concepción”, aseguró a Infobae Jesús Magaña, director nacional de la plataforma.

Mientras que, Andrea Garzón, coordinadora de la misma plataforma, confirmó que la solución para las mujeres no es llevarlas a abortar sino darles herramientas que les permitan poder continuar con sus vidas mientras que tienen a su hijo y en caso de que no puedan hacerlo, ayudarlas con un proceso de adopción.

Por otro lado, Angelica Rubio, cofundadora y activista del movimiento pro-vida Empoderadas, aseguró que muchas mujeres que acceden a un aborto lo hacen desde el desconocimiento total de las implicaciones que este trae para ellas y alentadas por un tercero.

A pesar de la sentencia C-355 ¿Se está cumpliendo con lo estipulado por la ley?

Se estima que en el país, debido a las barreras estructurales de acceso, solo entre un 1% y un 9% de los abortos se practican dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales. Esto quiere decir, que la mayoría de mujeres recurren a abortos clandestinos que ponen en peligro su salud, su vida y su dignidad.

La Defensoría del Pueblo denunció que, a pesar de que existen las tres causales legales para abortar, las EPS no están atendiendo a las mujeres que necesitan del procedimiento y por el contrario, les están poniendo trabas para acceder a estos servicios.

Por su parte la Superintendencia Nacional de Salud ha sancionado a diferentes EPS e IPS por negar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a mujeres que cumplen con las causales. Hasta el momento se han impuesto sanciones con multas por un total de 629 millones de pesos.

Inclusive, se conoce que muchos de los médicos que se oponen a legalizar un aborto han denunciado a las mujeres por querer hacerlo, razón por la que varias de ellas deciden ir a la clandestinidad.

“Entre 1998 y 2019, un 73% de los casos de aborto que llegaron a la Fiscalía fueron reportados por personal de salud, violando el secreto profesional, además unas 1.500 mujeres, desde el 2006 han necesitado ayuda legal para que pueda acceder a este procedimiento así sea legal”, confirmó a Infobae Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la vida.

En lo corrido de 2020, la Superintendencia Nacional de Salud reportó 57 quejas de mujeres a las que les negaron el servicio de interrupción del embarazo voluntario. Según la institución, el 100% de las denuncias fueron tramitadas y solucionadas. Sin embargo, el tiempo de respuesta no fue el óptimo, pues varias de las EPS tardaron hasta 66 días en solucionar su situación lo que es perjudicial para las mujeres.

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