Procuraduría formuló cargos al exalcalde de Madrid, Cundinamarca, por irregularidades en un predio urbano

La Procuraduría General de la Nación anunció, este 13 de enero, que profirió pliego de cargos al exalcalde de Madrid, Cundinamarca, Giovanni Villarraga Ortiz (2012 - 2015), y a 13 exconcejales del municipio en ese mismo periodo, “por presuntas irregularidades en la incorporación de un bien de uso público al perímetro urbano del municipio de Madrid para desarrollar un proyecto de vivienda”.

De acuerdo con la entidad, los exfuncionarios habrían participado en la elaboración, aprobación y expedición de un acuerdo mediante el cual se incorporó al perímetro urbano el predio rural conocido como ‘La Granada’, entregado al municipio en virtud de una cesión obligatoria, desafectado su clasificación de uso público para transferirlo a una fiducia mercantil, sin aparentemente cumplir los requisitos legales.

Igualmente, y a juicio del órgano de control, el predio tenía una destinación específica, por ende, “el cambio de clasificación no se podía realizar, así fuera para la construcción de proyectos de vivienda de interés social y prioritario -VIS y VIP-, por lo que aparentemente, se habrían extralimitado en el ejercicio de sus funciones”, se lee en el comunicado.

Los nombres de los exconcejales a quienes se les levantaron cargos son: Jairo Humberto Arias Muñoz, John Jairo Bohórquez Triana, Jorge Humberto Chaux Joven, Yancly Escobar Sierra, José Dolores Giraldo Duque y Albeiro Jiménez Sterling.

Así mismo, Manuel José Méndez Restrepo, Carlos Arturo Ramírez Santos, Nelson Arjady Rubio Abril, Álvaro Sarmiento González, Hawer Silva Marín, Joselito Silva Millán y José Ricardo Sarmiento González.

Para el Ministerio Público, “con su comportamiento los investigados habrían vulnerado el principio de moralidad de la función administrativa”. Por esos hechos, la Procuraduría calificó su presunta conducta como una falta grave cometida a título de culpa grave.

El Ministerio Público ordenó el archivo de la investigación en favor del exjefe de Planeación del municipio, José Gregorio Murillo Castrillón, porque no tuvo relación con la expedición de las licencias de construcción de los proyectos VIS y VIP, así como a los entonces concejales en el periodo 2012 - 2015 Carlos Eliseo Coba Bueno y William Trujillo Parra, pues no asistieron a la sesión donde fue votado el proyecto de acuerdo objeto de la investigación disciplinaria.

Otros exalcaldes investigados

Además de Giovanni Villarraga Ortiz, hay otros exmandatarios que la Procuraduría General de la Nación que están siendo investigados, llamados a audiencias o bajo cargos.

Uno de ellos es el exalcalde de El Peñol, Antioquia José Cirilo Henao Jaramillo (2016-2019), a quien en octubre del año pasado le formularon pliego de cargos y citaron a audiencia pública por presuntas irregularidades administrativas.

“La Procuraduría Provincial de Rionegro cuestionó al disciplinado porque al parecer no dio respuesta a un derecho de petición impetrado por el personero municipal, a quien le tocó recurrir a una acción de tutela para obtener información relacionada con los decretos generales y particulares expedidos por la alcaldía en la vigencia 2016-2018”, se lee en el comunicado de la entidad.

Igualmente, en noviembre de 2020, la Procuraduría abrió investigación contra el exalcalde de El Banco, Magdalena, Victor Rangel López (2016 - 2019), y a Edgar Arias Ortiz, gerente de la Terminal de Transportes del municipio, por presunto enriquecimiento injustificado.

El propósito de la indagación, es porque la provincial de El Banco busca establecer por qué los investigados, al parecer, incrementaron su patrimonio durante su ejercicio como servidores públicos en su condición de alcalde y gerente.

Finalmente, en diciembre del año pasado, el Ministerio Público citó a audiencia al exalcalde de Saboyá, Boyacá, Zamir Sotelo Monroy (2016-2019), por presunta omisión de sus funciones.

En el comunicado se lee que “la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá le reprochó al exmandatario el que presuntamente no remitiera a la Gobernación de Boyacá, dentro de los cinco días siguientes a la sanción, copia del Acuerdo Municipal 027 del 30 de diciembre de 2016, mediante el cual se autorizaba al alcalde para “adicionar al presupuesto municipal del 2017, recursos provenientes del Sistema General de Participaciones”.

Se espera que estos casos sean atendidos y solucionados a lo largo de este año.