ONU y Gobierno Nacional invertirán 11 mil millones de pesos para proteger la vida de los líderes sociales durante los próximos dos años

Ser líder social en Colombia significa poder morir de forma violenta en cualquier momento. Con el fin de salvaguardar su vida, el Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno nacional firmaron un convenio para crear una estrategia que garantice el derecho a la vida de los reincorporados y líderes y lideresas sociales del país.

Según fuentes oficiales, para desarrollar esta iniciativa se contará con 3.198.176 dólares, equivalentes a 11 mil millones de pesos, que deberán ser ejecutados durante dos años.

“Hoy anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno nacional para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados, para que puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, previniendo la estigmatización, y fortaleciendo las capacidades institucionales y de organizaciones sociales”, aseguró Jessica Faieta, coordinadora Residente del Sistema de la ONU en Colombia.

Con esta iniciativa se espera beneficiar a 1.000 personas directamente y más de diez mil de forma indirecta en tres departamentos del país: Chocó, Nariño y Norte de Santander, principalmente en la subregión del Catatumbo. En términos específicos, los municipios donde se ejecutará el proyecto son Riosucio, Quibdó, San José Del Palmar, Bagadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Alto Baudó, Condoto, Bahía Solano, Mutatá, Nuquí y Carmen del Darién, en Chocó; en la región de Catatumbo: Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí; y en el Pacifico nariñense en Tumaco, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Ricaurte, Barbacoas, Magüí, Popayán y Santander de Quilichao.

Las estrategias que se crearán deberán apuntar a la propiciación de espacios de diálogo y mecanismos de gestión de riesgos para así prevenir ataques a los líderes y reincorporados, especialmente a las mujeres. En el proyecto también se debe tener en cuenta el componente de reactivación financiera de estas zonas, ya que la ONU aseguró que las “oportunidades económicas también permiten generar escenarios de reconciliación con la población” y agregó que, también evita el control territorial del crimen organizado.

En los lugares donde se ejecutará el proyecto, se trabajará con las alcaldías y gobernaciones locales y las seccionales de la Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría y Fiscalía. Así mismo, se beneficiarán cien organizaciones civiles.

Del costo total del proyecto, la ONU financiará la mayor parte y el Estado aportará una contrapartida de 698.176 dólares. Así mismo, es el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior (MinInterior), la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, quienes se encargaran de ejecutar los recursos. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) y el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas (PNUD) vigilarán y brindarán apoyo técnico al proceso.

Respecto a este aporte, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, agradeció el apoyo de la ONU y aseguró que esto es posible porque la política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque genera confianza en los organismos internacionales.

“Este aporte del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la seguridad de nuestros líderes y lideresas, es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la política de Paz con Legalidad del presidente Iván Duque; también, un reconocimiento a su seriedad y a su permanente interés por la defensa de la vida y de los ideales que promueven en el territorio esos hombres que trabajan por el bienestar de las familias y la protección de los recursos naturales”, dijo el Archila.

Este anuncio se da justo cuando la Unión Europea (UE) le pidió al Gobierno colombiano ser más eficaz en garantizar la seguridad de los líderes sociales y ambientales del país. Josep Borrell, Alto Representante para la Política Exterior de la UE, exigió “una respuesta eficaz por parte del Estado de Colombia”, ante el aumento de los casos de líderes asesinados.

Según Borrell, en Colombia se requiere “adoptar medidas de corte estructural” para proteger a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y, sugirió, que se debería empezar por “la aplicación del acuerdo de paz en su totalidad”.

Las declaraciones del alto representante europeo surgieron como respuesta a un comunicado escrito que le hizo llegar Javier López, eurodiputado y presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, quien lo alertó por “el acoso, intimidación y asesinato” del que son víctimas los líderes sociales y ambientales en el país.

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