Unión Europea pide a Colombia una “respuesta eficaz” en protección a líderes sociales y ambientales

Iniciando esta semana se conoció el desafortunado primer asesinato de un líder ambiental en Colombia en 2021, se trataba de Gonzalo Cardona, conocido como el “guardián del loro orejiamarillo”. Ante la gravedad que evidencian las cifras de violencia contra los líderes en Colombia, este martes, desde la Unión Europea (UE) se pidió al Gobierno colombiano ser más eficaz en garantizar la seguridad de los líderes sociales y ambientales.

Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la UE, exigió “una respuesta eficaz por parte del Estado de Colombia” ante el aumento de los casos de líderes asesinados. Según Borrell, en Colombia se requiere “adoptar medidas de corte estructural” para proteger a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y, sugirió, que se debería empezar por “la aplicación del acuerdo de paz en su totalidad”.

Las declaraciones del alto representante de la UE surgieron como respuesta a un comunicado escrito que le hizo llegar Javier López, eurodiputado y presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, quien lo alertó por “el acoso, intimidación y asesinato” del que son víctimas los líderes sociales y ambientales en el país.

López destacó el caso de la activista colombo-española Juana María Perea Plata, quien fue asesinada el pasado mes de octubre en el municipio de Nuquí, Chocó. Por su parte, Borrell aseguró que comparte las preocupaciones del eurodiputado en este caso específico y en los demás asesinatos denunciados.

El representante de la UE destacó que desde la organización internacional se apoya la aplicación del acuerdo de paz “en los ámbitos político y financiero” y que siguen teniendo reuniones con las autoridades colombianas para crear acuerdos sobre el apoyo al cumplimiento de los acuerdos.

Borrell, en su respuesta escrita, urgió al Gobierno colombiano para que de “una respuesta eficaz” ante la violencia a los líderes, pero también sobre “el incremento de la violencia, a la que se añaden masacres de civiles y asesinatos de excombatientes de la Farc”.

Sobre este último punto mencionado por Borrell, la Contraloría también llamó la atención a la Unidad de Protección Nacional (UNP), por la ineficiencia en la asignación de esquemas de seguridad excombatientes que lo han solicitado al ver en riesgo sus vidas. En lo que va del año 2021, cuatro exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC han fallecido a causa de actos violentos en su contra.

La Contraloría, en medio de los alegatos en contra de la gestión de la UNP, gestión que denominó de no ser “ágil ni oportuna” citó a una auditoría de cumplimiento sobre esa entidad encargada de la seguridad de diferentes ciudadanos alrededor del territorio Colombiano y, evidenció con cifras específicas, las razones por las que argumentaba que las labores de ese ente eran precarias.

Lea más: Contraloría llama la atención de la UNP por seguridad de exintegrantes de las Farc

El asesinato de líderes sociales durante el 2020

Según el informe del Instituto de estudios para el desarrollo de la paz, Indepaz, desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de ese mismo años, 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en todo el territorio nacional.

Por su parte, según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, se trataba de 53 casos, incluidas cinco mujeres, y otros 74 casos pendientes de verificación, según su más reciente informe en el mes de diciembre.

Juana Perea, la activista en la que hizo énfasis el eurodiputado y la UE, fue encontrada sin vida y con “una herida de bala en la cabeza”, frente a la estación de Policía del municipio de Nuquí. Desde ese momento, la Fiscalía trabajó arduamente para dar con el responsable del atroz crimen y, en la investigación que realizaron, evidenciaron que los responsables del asesinato pertenecen al denominado ‘clan del golfo’ y al realizar el homicidio actuaron con sevicia, según informó el ente investigador.

Finalmente, las autoridades lograron la captura de Néstor Lozano Muriel, alias ‘El Tigre’, presunto responsable del asesinato de la mujer que era conocida por su activismo contra la construcción de un puerto en el golfo de Tribugá.

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