Colombia “se rajó” en Derechos Humanos durante 2020

Este miércoles 13 de enero, la organización Human Rights Watch (HRW) presentó su Informe Anual 2021, en el que aseguró que Colombua presenta deficiencias en materia de Derechos Humanos.

“Entre los graves problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas”, señala Human Rights Watch en su reporte.

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En el informe sustenta la situación colombiana recogiendo hechos violentos y contundentes ocurridos durante 2020, muchos consecuencia de un historial violento en el país.

Un acuerdo de paz que no acalló la violencia

La ONG asegura que a pesar de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, “el conflicto armado disminuyó significativamente al principio, pero luego adoptó nuevas formas y persisten graves abusos”.

“En 2020, la población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes para protegerlos”, asegura Human Rights Watch en el primer aparte de su reporte.

Siguiendo con lo anterior, la ONG manifestó que “en el departamento de Cauca, disidencias de las FARC han cometido graves abusos, como homicidios, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También impusieron sus propias medidas para frenar la propagación del covid-19, incluidos confinamientos, y amenazaron, atacaron y mataron a algunas personas, al parecer por no cumplir con las medidas”.

Grupos armados ilegales

También habla de la incidencia de grupos armados ilegales como el ELN, el cual en 2020 “siguió cometiendo crímenes de guerra y otros graves abusos contra civiles, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil”.

También se refirió a la grave situación que vive el departamento de Chocó, con “los enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una organización sucesora del paramilitarismo”.

La ONG recoge que “la implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una reducción de las penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha avanzado lentamente. De los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron oficialmente, 4.000 han intentado obtener penas menos severas a cambio de una confesión. Hasta octubre de 2020, habían sido condenados 650”.

Menciona además el caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, quien al momento de la realización del informe “se encontraba procesado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir en relación con su presunto rol en el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en la década de 1990″.

Por otro lado, se refiere al caso judicial del exmandatario, quien fue citado por la Corte Suprema de Justicia para “declarar sobre su presunto rol en masacres ocurridas cuando era gobernador del departamento de Antioquia y en el homicidio del abogado de derechos humanos Jesús María Valle, acontecido en 1998”. Uribe quedó en libertad, pero miembros del Centro Democrático, partido que lidera, “propusieron reformar completamente el sistema judicial y unificar las altas cortes en un único tribunal, una medida que podría socavar gravemente la independencia judicial en el país”.

Salvatore Mancuso también fue mencionado en el informe por su papel decisivo en el esclarecimiento de cientos de crímenes cometidos por paramilitares en Colombia. El exjefe paramilitar solicitó asilo en EE.UU. y su deportación continuaba pendiente.

Abuso de la fuerza pública

Los falsos positivos también entraron en el informe, y no es para menos, ya que según señala la ONG, “hasta septiembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación había iniciado más de 2.000 investigaciones sobre presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, y había conseguido más de 900 condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios (esta estadística incluye condenas a las mismas personas en distintos casos)”.

”En 2019, el periódico New York Times, la revista Semana y Human Rights Watch publicaron documentos que mostraban que, ese año, el Ejército restableció políticas militares que se asemejan a las que dieron lugar a los “falsos positivos”. En mayo de 2019, el presidente Iván Duque creó una comisión para revisar políticas del Ejército con el fin de asegurar que respetaran el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Se pidió a la comisión que presentara un informe final antes de noviembre de 2019, pero hasta octubre de 2020 la comisión no había dado a conocer sus conclusiones”, señala Human Rights Watch.

También señaló que en noviembre de 2019, la Policía Nacional de Colombia cometió múltiples abusos contra manifestantes que salieron a las calles a protestar por cuestiones que van desde propuestas de reforma tributaria hasta el asesinato de defensores de derechos humanos. En varios casos, la Policía llevó a cabo detenciones arbitrarias e incurrió en uso excesivo de la fuerza, que incluyó golpizas.

Y señaló el caso de Javier Ordoñez, quien murió a manos de policías que le aplicaron reiteradas descargas con una pistola táser, lo que movilizó a cientos de colombianos a salir a las calles y realizar manifestaciones mayormente pacíficas. La Policía respondió con un uso de la fuerza que en muchos casos habría sido excesivo, y estos hechos dejaron 13 personas muertas y cientos de heridos.

Violencia contra activistas y líderes sociales

En cuanto a la violencia reiterada a líderes sociales, Human Rights recoge que “activistas indígenas, afrocolombianos y de otras comunidades siguen siendo blanco de amenazas y ataques constantes. Hasta octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) había documentado el asesinato de 49 defensores de derechos humanos en 2020 y se encontraba verificando otros 50 casos”.

Educación sin garantías

La ONG también señala que a raíz de la coyuntura sanitaria dada por la pandemia de COVID-19, cerca de 10 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de las escuelas, pero si bien las autoridades adoptaron algunas medidas para asegurar la enseñanza en línea, muchos estudiantes no han podido acceder a ella”.

El informe recoge otros graves asuntos en temas de Derechos Humanos en el país, como la “grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales” que viven los excombatientes de las FARC, claves para esclarecer hechos criminales como “el reclutamiento y el uso de niños y niñas, una práctica generalizada que los guerrilleros a menudo han intentado ocultar”.

También habla sobre la situación del desplazamiento interno en Colombia y la implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011, que sigue siendo lenta.

“La ley se promulgó para restituir millones de hectáreas que fueron abandonadas por colombianos o robadas a estos durante el conflicto armado. Hasta agosto, la justicia había dictado sentencias en apenas 11.300 de las más de 125.000 solicitudes recibidas”, asegura Human Rights Watch.

Menciona así mismo, otros problemas como la migración venezolana; la violencia de género, “incluso perpetrada por grupos armados”; la afectación a las poblaciones indígenas, por niveles desproporcionados de pobreza que obstaculizan la posibilidad de que gocen plenamente de sus derechos sociales y económicos; y la vulnerabilidad a los derechos de las personas con discapacidad.

El papel del Gobierno Nacional

José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG, aseguró en rueda de prensa, que a pesar de la retórica adecuada de Duque, ésta no corresponde a las acciones que toma frente a la realidad que viven los territorios, víctimas del conflicto armado y todo lo que este acarrea.

“El presidente Duque tiene un discurso que en general no es beligerante, y que reconoce la importancia de los derechos humanos y la obligación de proteger a los líderes sociales en los territorios. Sin embargo, en los territorios, en las zonas remotas del país, los esfuerzos se han enfocado principalmente en envío de tropas y, a pesar de los excelentes esfuerzos del Consejero Emilio Archila, la implementación de programas para lograr desarrollo local, fortalecer la justicia y proteger a la población civil han tenido grandes deficiencias”, manifestó Vivanco.

También señaló que, Duque acostumbra anunciar planes en lugar de implementar los ya existentes, “como los programas de protección colectiva del decreto 660 o la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que busca desarticular a organizaciones criminales”.

“La respuesta mayoritariamente militar en los territorios no ha dado resultados y hemos visto grandes deterioros en la situación de seguridad, que se reflejan en el aumento de masacres y el alto número de asesinatos de defensores de derechos humanos”, aseguró el directivo.

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