El 23 de enero de 1994, La Chinita, en el Urabá antioqueño, fue víctima de una de las masacres más aberrantes perpetradas por las extintas Farc: cobró la vida de 35 de sus pobladores. Hoy, 26 años después de la lucha de las víctimas por ser reparadas, se dio a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les admitió para su estudio una denuncia contra el Estado.
El fatídico día para La Chinita, barrio hoy llamado Obrero, miembros del Bloque José María Córdoba, naciente del Frente 5 de las Farc, llegaron junto con disidentes del Ejército de Liberación Popular (Epl) a la población para disparar de forma indiscriminada; además de los 35 muertos que, hubo al menos 12 heridos. Sucedió en medio de un baile organizado por Rufina Gutiérrez, una de las lugareñas, para pagarle el estudio a sus hijos y ayudar con la construcción de aulas en la escuela comunal.
En medio del evento, este barrio de Apartadó que comenzó como una invasión ilegal en parte de una propiedad del empresario Guillermo Gaviria, el fallecido padre del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, fue víctima de la masacre. Pero ya los habitantes habían denunciado amenazas en su contra, en especial quienes simpatizaron con el movimiento social Esperanza, Paz y Libertad, naciente tras la desmovilización de algunos de quienes militaron en el EPL.
En la denuncia de las víctimas, representadas por el abogado Javier Villegas Posada, se argumenta que, pese a que en el pasado la justicia colombiana reconoció la responsabilidad estatal en la masacre, el avance en las investigaciones para identificar a quienes desde el Estado participaron en el crimen es nulo: no hay ninguna condena vigente. Durante 27 años, al Estado se le ha señalado por desatender los llamado de protección de los pobladores de la Chinita, es decir por omisión. También se ha cuestionado que los guerrilleros atravesaron zonas militarizas.
La denuncia, además, radica en que si bien el 16 de diciembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación y ordenó indemnizaciones a las víctimas, no se incluyó a 64 de ellas, pese a estar en su derecho de recibirlas.
“Un caso en el que ha reinado la impunidad”, dicen la víctimas
El apoderado de las víctimas de La Chinita ha explicado que quien ha “reinado en este caso” es la impunidad. Según él, para muestra, un botón: algunos de los vinculados en la masacre quedaron en libertad, luego de que, por suscripción, la Corte Suprema de Justicia revocara las condenas por rebelión y falsedad documental. Otros de los relacionados salieron libres por nulidad.
El el documento de la CIDH con respecto a La Chinita, al que tuvo acceso El Espectador, se lee: “En atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (honra y dignidad), 21 (propiedad), 16(libertad de asociación), 24 (igualdad ante la ley), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos)”.
Sobre la masacre, Joverman Sánchez Arroyave, alias Rubén, quien en ese entonces estuvo en cabeza del Frente 5 de las Farc ha manifestado a medios como Verdad Abierta, especializado en conflicto, que el crimen se perpetró luego de que pobladores de La Chinita se negaran a la captura “seis reconocidos paramilitares de los Comandos Populares que iban a estar en esa verbena”.
Para el mismo medio, en el 2016, año en que Iván Márquez, hoy disidente de las Farc, pidió perdón a las víctimas de La Chinita, alias Rubén señaló:
Nosotros nunca hemos dicho que las Farc no cometió eso, nosotros estamos diciendo sí. Pedimos disculpas, perdón a los familiares, lo sentimos, lamentamos que haya sucedido esto, ojalá no se vuelva a repetir ni en Urabá, ni en ninguna parte
Luego de que la CIDH tome una decisión sobre la denuncia admitida, radicada por las víctimas de La Chinita, el Estado podrá ejercer su defensa.
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