Contratos para adquisición de vacunas se realizaron bajo derecho privado y no hay que hacerlos públicos: Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalaron, a través de un comunicado, que los contratos para adquirir las vacunas contra la covid-19 fueron realizados bajo el derecho privado a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) bajo la autorización del Fondo Nacional de Gestión, lo que exime a esta entidad de hacerlos públicos como lo solicitan en el Congreso y otros sectores en el país.

El Gobierno nacional, según el documento, adoptó las medidas correspondientes para enfrentar la crisis generada por la covid-19. Así, expidió el decreto 444 de 2020 mediante el cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, cuyo objetivo es atender las necesidades de recursos para la atención en salud y brindar condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento. Además, está financiado por el Fondo de Ahorro y Estabilización, el Fondo de Pensiones Territoriales, el Fondo de Riesgos Laborales y los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación.

Asimismo, el 14 de septiembre de 2020 el Consejo de Estado, resolviendo la solicitud emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre los recursos para financiar las vacunas, indicó que se debía acudir a dicho fondo dado, pues fue concebido como un instrumento para permitir la ejecución ágil e inmediata de los medios destinados a enfrentar el virus. Por esta razón, señalan en el comunicado el Ministerio y la UNGRD, los procesos para su ejecución se encuentran sometidos al derecho privado. Ademas, reiteran que el FOME es el mecanismo necesario para la obtención y distribución de la vacuna de manera breve.

Las entidades sostienen que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el “único autorizado para la administración de los recursos del FOME y la celebración de los contratos que se suscriban con cargo a los mismos”. Este poder le fue adquirido a partir del decreto 559 de 2020. De igual manera, teniendo en cuenta que los acuerdos que suscribió el Gobierno para la compra de vacunas se respaldaron en los recursos del FOME, los pactos no fueron suscritos por el Ministerio de Salud.

La cartera participó como “generadora de la iniciativa de gasto” analizando los estudios científicos, lo que le permitió sugerir los mejores inmunizadores según criterios “clínicos y logísticos”, de acuerdo a las alternativas del mercado farmacéutico. Esta información fue analizada por el ‘Comité Asesor del Ministerio de Salud para el proceso estratégico de inmunización de la población colombiana frente a la covid-19′, cuyos integrantes son los Ministerios de Salud y Hacienda y Crédito Público; los directores del Instituto Nacional de Salud, Nacional de Planeación y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud; el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia; los representantes de las Secretarías de Salud a nivel departamental, municipal y distrital, de la Asociación Colombiana de Infectología, de la Academia Nacional de Medicina y de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.

Esta instancia de coordinación, explican las entidades, es un espacio de participación externo para analizar y “recomendar las estrategias y mecanismos que el gobierno debe adoptar con el fin de acceder a las vacunas seguras y eficaces” atendiendo los principios de disponibilidad, universalidad, equidad, solidaridad y oportunidad del derecho a la salud. El Ministerio, además, reiteró que siempre ha comunicado a la opinión pública y entes de control sus actuaciones como máxima autoridad sanitaria.