Contraloría llama la atención de la UNP por seguridad de exintegrantes de las Farc

En lo que va del año 2021, cuatro exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC han fallecido a causa de actos violentos en su contra. En las últimas horas, fue asesinado Giovani Claro, desmovilizado de ese grupo, en medio del fuego cruzado entre grupos criminales armados en el Catatumbo. Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el ahora movimiento político, y de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo, han sido asesinadas 253 personas. La Contraloría, paralelo a ello, condenó las acciones de la Unidad de Protección Nacional (UNP), por la ineficiencia en la asignación de esquemas de seguridad de personas que lo han solicitado al ver en riesgo sus vidas.

Por medio de un informe detallado, en el que se evidencian las falencias en los procesos de asignación de escoltas y carros destinados para proteger la vida de las personas, la Contraloría le dio la razón al documento expedido por las Naciones Unidas en donde se alegaba la falta de acción eficiente y eficaz sobre la protección de excombatientes que decidieron dejar las armas y volver a la vida civil. Según el documento de la ONU, en 2020, fueron asesinados 73 exguerrilleros.

“Es preocupante que siga habiendo más de 1000 solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación. Lograr el acceso equitativo de los excombatientes a esquemas de seguridad y protección sigue siendo un desafío pese a la circular interna distribuida por la Subdirección Especializada en abril, en la que solicitó a su personal que asegure el acceso equitativo de hombres y mujeres a los esquemas de protección”, se lee en el documento de la procuraduría al que tuvo acceso Noticias Uno.

La Contraloría, en medio de los alegatos en contra de la gestión de la UNP, gestión que denominó de no ser “ágil ni oportuna” citó a una auditoría de cumplimiento sobre esa entidad encargada de la seguridad de diferentes ciudadanos alrededor del territorio Colombiano y, evidenció con cifras específicas, las razones por las que argumentaba que las labores de ese ente eran precarias.

“Entre las vigencias 2018 y 2020 se presentaron 1.191 solicitudes de protección de las cuales a 501 se les elaboró orden de trabajo, y el 10% de esas órdenes presentan retrasos entre 12 y 24 meses para emitir la valoración del riesgo”, dijo la Contraloría respecto a la muerte de integrantes de la extinta guerrilla de las FARC y del ahora movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Para una entrevista con la W radio, el líder sindical y líder social, Carlos Castañeda, que hizo parte de la Central Unitaria de Trabajadores de Bogotá, dijo que, “la UNP es manejada como un fortín burocrático del Gobierno para proteger a sus amigos (...) ser sindicalista en este país tiene malos antecedentes”.

El hombre, que también solicitó protección de la Unidad, explicó que, sin mayores explicaciones, la respuesta que había recibido del ente de seguridad era que no encontraban relación entre sus labores y las amenazas que pudiera recibir en su contra, por lo que, en consecuencia, no encontraban razones para otorgarle seguridad.

En su entrevista para la W, el líder sindicalista comparó su caso con el de la religiosa Adriana Torres, conocida popularmente como ‘la monja uribista’, quien, tras participar de las protestas en contra de la investigación que se adelantaba en contra del expresidente Álvaro Uribe, en la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2019, recibió protección de la UNP rápidamente, según Castañeda, “por se una aliada del Gobierno”.

El informe de las Naciones Unidas, que usó como argumento la Contraloría para basar sus exigencias y llamado de atención contra los funcionarios de la UNP, asegura que, en Colombia, “la principal amenaza para la implementación del Acuerdo Final sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz, contra las comunidades que han sufrido violencia durante décadas y contra los líderes sociales y los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre”.

De acuerdo con Naciones Unidas, recordó que era el Gobierno Nacional, con el fin de contrarrestar la violencia en contra de líderes sociales, asignó $13.500 millones adicionales para la Unidad Nacional de Protección (UNP) para, así, contratar 680 agentes escolta y 50 analistas de riesgo, situación que no se ha visto reflejada en las cifras de nuevas víctimas.

En la entrevista para la W Radio, en donde estuvo el líder Sindical, Carlos Castañeda, también habló Rafael Campo, director de la Unidad Nacional de Protección. Allí, el funcionario aseguró que han estado trabajando fuertemente, desde la entidad, para cumplir con lo ordenado por el presidente colombiano, Iván Duque, y que, entre los 7.600 protegidos que tienen a su cargo, cerca de la mitad son líderes sociales: el 49%, según sus cálculos.

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