La senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó recientemente una columna de opinión en su portal web que tituló ‘Cansados del Miedo’, y en la que usó como punto de partida el caso de un ciudadano que, al parecer, causó la muerte de un presunto ladrón en un forcejeo. La mención de la noticia apunta a revivir el porte legal de armas en Colombia.
La senadora argumenta que por hacer uso de su derecho a la legítima defensa, “hoy está escondiéndose de las autoridades por temor a ser castigado”. En la actualidad, en Colombia solo es posible portar un arma si se es miembro de la fuerza pública o tiene algún permiso especial.
En su texto, Cabal expone cifras de inseguridad en Bogotá y critica que la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, celebre “con bombos y platillos” que han bajado las tasas de criminalidad en medio de una pandemia y desde ahí advierte: “los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros (...) a los que están expuestos”; e insinúa que ante las “limitantes innegables (del Estado) para garantizar la presencia de la Fuerza Pública”, la población rural también debería hacer uso de las armas para protegerse.
La senadora señala de manera vehemente al presidente Iván Duque por extender la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego, una medida que impuso Juan Manuel Santos como Jefe del Estado. Para Cabal, Duque está “incumpliendo sus promesas, el Gobierno que elegimos en las urnas” y dice que, a pesar de los permisos especiales, esta regulación “deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia, lo que beneficia únicamente a los bandidos”.
Frente al argumento que usan algunos detractores del porte legal de armas al decir que esto provocaría el tomar la justicia por mano propia, la congresista dice que es falso y que esta medida lo único que hace es reducir los efectos de una criminalidad “desbordada”. Cabal recoge el título de su columna decir que el país está en mora respecto a una legislación frente a este tema porque, para ella, protege a los colombianos que sufren y requieren un arma para defenderse.
Cabal propone que el Estado garantice que se cumplan los requisitos (que normalmente se trata de pruebas y estudios psicológicos) para adquirir el salvoconducto que permite el porte de un arma de fuego. “Los ciudadanos tienen derecho a defenderse de la delincuencia y para hacerlo tienen que tener medios adecuados, que la actual legislación les niega”, afirma.
Finalmente la senadora dice que con esta medida los delincuentes pensarían dos veces antes de hacerles daño a los ciudadanos.
La medida que decretó Duque
Según el decreto 1808 del 31 de diciembre de 2020, la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego se toma para “conservar en todo el territorio nacional el orden público”. Esta nueva medida va hasta el 30 de diciembre de 2021 y corre, ininterrumpidamente, desde 2015. El decreto establece que las autoridades militares serán las encargadas de velar por que se cumpla la medida en el país y deja en firme las excepciones a la Fuerza Pública en general y a los escoltas, esquemas de seguridad y empresas de vigilancia.
En un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional al revisar una demanda interpuesta para tumbar dos artículos de un decreto que regula cómo legalizar el tener un arma, el alto tribunal dijo que las Autoridades Militares, específicamente los jefes del departamento de Control de Comercio de Armas, son los únicos que deciden quién puede llevar un arma. La demanda buscaba que los gobernadores o alcaldes tuviera potestad para determinarlo, pero la Corte rechazó el acto porque este no vulneraba la autonomía de las entidades territoriales, como lo argumentaban los demandantes.