El Gobierno Nacional estaría pensando en vender Isa, otra vez

El objetivo es obtener el dinero necesario para solventar la brecha fiscal en la que incurrió el país a causa del covid-19.

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The logo of Isa is seen in Medellin, Colombia, May 30, 2019. Picture taken May 30, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez
The logo of Isa is seen in Medellin, Colombia, May 30, 2019. Picture taken May 30, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

Todo parece indicar que el Gobierno nacional estaría pensando, de nuevo, en vender su participación, o por lo menos parte de la misma, dentro de la empresa Interconexión Eléctrica S.A., ISA, informó esta tarde el medio económico Bloomberg, citando fuentes cercanas, que pidieron permanecer en el anonimato.

De acuerdo con el informe, la intención de la administración del presidente de la República de Colombia, Iván Duque, no sería otra más que conseguir recursos para estabilizar las arcas de la nación, que resultaron seriamente afectadas tras los problemas económicos, préstamos bilaterales y diversos programas de subsidios que resultaron de la llegada de la pandemia del covid-19 al país.

Como cita el medio, la pandemia dejó a Colombia en 2020 con un déficit fiscal del 8,9 por ciento del producto interno bruto, PIB. Tampoco hay que olvidar que, de acuerdo con el Banco de la República, la deuda externa del país se calcula —hasta noviembre— en un equivalente al 60,5 por ciento del mismo PIB, que, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, podría escalar hasta el 66 por ciento, una vez se tenga el conglomerado de todo el año pasado.

Se trata de números difíciles y que ponen en serios aprietos a la calificación de grado de inversión por parte de las tres calificadoras de riesgo internacional. En la actualidad, el país cuenta con una calificación estable que es la que le permite, entre otras cosas, seguir accediendo a créditos internacionales. Sin embargo, la misma trae una nota al pie: “perspectiva negativa”, lo que significa que está en peligro de caer y perder ese tipo de beneficios.

En ese contexto, las fuentes anónimas de Bloomberg señalan que la venta de ISA le podría ayudar al administrativo a reducir el déficit fiscal a márgenes de 7,6 puntos porcentuales del PIB. Reducción que a su vez se sumaría al 2 por ciento que Carrasquilla espera restar a través de la inminente reforma fiscal que entraría en estudios en febrero.

No obstante, la idea no sería privatizar la empresa, una de las insignias colombianas a nivel latinoamericano por su amplia presencia en países como Brasil y Chile, vendiéndole participación a entes externos e independientes, sino mantenerla dentro de la esfera pública, a hacerle ofertas a otras organizaciones del mismo corte como Empresas Públicas de Medellín (EPM), Ecopetrol (que de hecho es propiedad del Estado) y el Grupo de Energía de Bogotá.

Esta jugada, asegura Bloomberg, cumpliría con el parámetro propuesto por el ministro de Hacienda de no privatizar los llamados “activos estratégicos”, a la vez que envía un mensaje claro a las calificadoras de riesgo de que hay una voluntad gubernamental por mantener la estabilidad económica y cumplir con los compromisos financieros adquiridos.

Para esto, claro, las empresas publicas mencionadas tendrían que aceptar la propuesta que haga el Gobierno en los próximos meses. Vale recordar que el mismo, tiene actualmente una participación mayoritaria con el 51,4 por ciento de las acciones de la empresa de energía, avaluada en 4.200 millones de dólares; mientras que EPM cuenta con 8,8 por ciento de la misma.

Hasta el momento, ninguna de las entidades mencionadas, que son controladas por entidades departamentales y distritales, se ha pronunciado sobre la posibilidad de aumentar su participación en la multinacional colombiana que hoy por hoy está avaluada en un total de 8.100 millones de dólares, con previsiones al alza, pues en el último año ha visto un aumento del 23 por ciento en el valor de sus acciones, según el índice colombiano Colcap.

No hay que olvidar que el gobierno de Iván Duque ya había intentado vender a ISA en mayo de 2019 con el objetivo de hacerse a unos $6,6 billones, transacción que finalmente fue pausada luego de que el mismo Estado decidiera inclinarse por “optimizar” su patrimonio, en vez de deshacerse del mismo.

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