Este jueves 7 de enero, se conoció el informe trimestral del secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la implementación del Acuerdo de Paz, comprendido entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre de 2020. En el documento, se lee una observación sobre el exguerrillero de las Farc Jesús Santrich.
En noviembre de 2020, El Espectador reveló unas grabaciones de audio de mediados de 2019 relacionadas con el caso de narcotráfico contra Seuxis Hernández, alias de Jesús Santrich, excomandante de las FARC-EP y ahora miembro de un grupo disidente denominado la ‘Segunda Marquetalia’.
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El medio colombiano obtuvo cerca de 24 mil audios que reposaban en el expediente de Santrich, inactivo en la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron obtenidos por medio de interceptaciones telefónicas realizadas a Marlon Marín desde el 25 de enero de 2017.
En su momento, el abogado defensor del exguerrillero, Gustavo Gallardo, dijo que las grabaciones reveladas que inculpan a Santrich son ‘libreteadas’, porque usan repetitivamente el número 5 y unas veces se refiere a libros, otras a televisores y unas más a otro tipo de cosas, lo que, según el jurista, tiene una sola intencionalidad: culpar al ex jefe guerrillero.
Ante este episodio que también salpicó al exfiscal Néstor Humberto Martínez, señalado de ser uno de los promotores de este supuesto entrampamiento contra Santrich, el secretario de la ONU señaló:
Estas revelaciones han levantado polémica por la presunta falta de cooperación de la Fiscalía General de la Nación de aquel momento con la Jurisdicción Especial para la Paz. La sociedad civil y actores políticos han pedido que se investigue a fondo la cuestión.
El informe de la ONU sobre el acuerdo de paz
El documento señala que si bien se ha avanzado en algunos ámbitos, pese a las complicaciones derivadas de la pandemia de covid-19, hay desafíos que aún persisten. El secretario propone cinco prioridades para 2021, la primera de ellas, garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc.
“La principal amenaza para la implementación del Acuerdo Final sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz, contra las comunidades que han sufrido violencia durante décadas y contra los líderes sociales y los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre”, dice el informe de la ONU.
Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión de las Naciones Unidas ha verificado 248 asesinatos de excombatientes (incluidas 6 mujeres), 21 de ellos en el período de septiembre a diciembre de 2020 (incluidos los de 2 mujeres, 3 indígenas y 2 afrocolombianos) y un total de 73 para ese año, así como 55 intentos de homicidio (incluidos los de 3 mujeres) y 20 desapariciones (todas ellas de hombres).
Guterres advierte que las amenazas de grupos armados ilegales están llevando a excombatientes a abandonar los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y las nuevas áreas de reincorporación colectiva en varias regiones.
“Desde la firma del Acuerdo Final han sido asesinados 25 excombatientes (todos ellos hombres) mientras esperaban respuesta a su solicitud de protección de la Unidad Nacional de Protección. Es preocupante que siga habiendo más de 1.000 solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación”, expone el informe de la ONU.
Dentro de esta prioridad, también está asegurar a las lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos, que no han podido participar plenamente en la construcción de la paz en general.
“En materia de protección, para poder evitar los asesinatos de más excombatientes es necesario asegurar la dotación completa de personal de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección”, es la observación que hace el secretario Antonio Guterres.
Asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación
Cuatro años después de que dejaran las armas, más de 13.000 excombatientes (el 23 % de los cuales son mujeres) siguen comprometidos activamente con el proceso de reincorporación, y el Gobierno y Farc siguen trabajando juntos, por ejemplo en el seno del Consejo Nacional de Reincorporación, para superar los desafíos que surgen en el proceso.
Desde la ONU piden que se acelere el acceso a tierras y vivienda de los excombatientes y las excombatientes, que es esencial para la sostenibilidad del proceso de reincorporación.
Consolidar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto
El informe también detalla que uno de los principales desafíos que enfrenta Colombia es cerrar la brecha relativa a la presencia integrada del Estado que existe desde hace tiempo entre las zonas urbanas y rurales, especialmente las afectadas por el conflicto.
“El Acuerdo Final estableció objetivos y programas dirigidos a cerrar esta brecha, como los PDET, cuya finalidad es llevar infraestructura y servicios a las zonas rurales, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, encaminado a mejorar la seguridad de las comunidades que siguen viéndose golpeadas por la violencia”, se lee en el documento.
Guterres explica que aunque el Gobierno ha reiterado su compromiso con estos programas, es importante que se mantenga el impulso y se faciliten recursos adecuados para poder hacer realidad plenamente el potencial de estos instrumentos.
Fortalecer el diálogo constructivo entre las partes
Para la ONU, los avances en la implementación del Acuerdo Final dependen de que Gobierno y Farc mantengan un diálogo constructivo para discutir y resolver conjuntamente los diversos desafíos que enfrenta el proceso, especialmente a través de los mecanismos establecidos en el Acuerdo.
“Insto una vez más al Gobierno y a Farc a que trabajen juntos para avanzar en las disposiciones sobre género de la política nacional de reincorporación, en particular mediante la asignación de los recursos técnicos y financieros necesarios”, menciona Guterres.
Fortalecer las condiciones para la reconciliación
Por último, el informe resaltó el trabajo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que está ayudando a sentar las bases para la reconciliación.
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Desde que sus tres componentes comenzaron a funcionar, en 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado en sus siete macrocasos, que tienen por objeto crímenes y regiones específicos; la Comisión de la Verdad sigue reuniendo y analizando miles de testimonios para su informe final; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sigue ofreciendo alivio a las familias de las personas desaparecidas por la fuerza.
“En 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz impondrá sus primeras sanciones y la Comisión de la Verdad tiene programado emitir su informe final. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas continúa determinando el paradero de víctimas del conflicto. Por lo tanto, es más importante que nunca que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades”, puntualizó el secretario General de la ONU.
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