Procuraduría formuló pliego de de cargos al director nacional de bomberos por irregularidades en contrataciones

La compra y venta de unos camiones cisterna pone a responder ante la justicia a Charles Benavides.

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Charles Wilber Benavides, director nacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos, empieza un proceso legal por, presuntamente, haber irregularidades en la adquisición de 30 camiones cisterna por una cifra de $13.191 millones.
Charles Wilber Benavides, director nacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos, empieza un proceso legal por, presuntamente, haber irregularidades en la adquisición de 30 camiones cisterna por una cifra de $13.191 millones.

La Procuraduría General de la Nación informó que, Charles Wilber Benavides Castillo, director nacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos, empieza un proceso legal por, presuntamente, haber irregularidades en la adquisición de 30 camiones cisterna por una cifra de $13.191 millones.

Según la investigación que venía adelantando este ente, desde mayo de 2020, se habrían celebrado millonarios contratos para la compra y venta de los automotores que necesitaba la institución pero, con la omisión de una convocatoria pública de oferentes y de una selección objetiva de contratistas. En palabras de la Procuraduría, el hombre habría cerrado, “en forma directa los contratos de compraventa CUM No. 183, CUM No. 184, CUM No. 185 y CUM No. 186”

Charles Wilber Benavides habría, según la Procuraduría, desconocido los principios de transparencia, igualdad y publicidad de la contratación estatal, lo que se calificó como “gravísimo” porque, según se señaló en la denuncia interpuesta, se ve evidenciada la “violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.

Al funcionario se le acusa, además, de una ‘presunta falta disciplinaria’ por fraccionan la compra y venta de los camiones en cuatro negocios jurídicos con Accesorios y Sistemas S.A. (Accequip), Lafe Security EU, Alpercorp Colombia S.A.S e Ingeniería Contra Incendio y Seguridad Industrial (Incoldext S.A.S).

Lo que se argumentó en los contratos respecto a la apresurada compra y venta de los camiones, era que la adquisición de los automotores era de suma urgencia para atender cualquier eventualidad en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a lo descrito en la denuncia de la Procuraduría, se habría invocado a la compra inmediata, bajo “la urgencia manifiesta declarada mediante Resolución No. 050 del 24 de marzo de 2020”. Sin embargo, para el ente, esta solicitud sería inválida y no tendría una “base técnico-científica suficiente que permitiera relacionar la funcionalidad y/o eficiencia de los vehículos cisterna, y una definición concreta de estrategias asociadas a la operación de los mismos frente a la contingencia generada por el covid-19”.

El material investigativo que tiene en su poder el ente acusador, señala que el proceso de compra y venta hecho por parte de Charles Wilber Benavides Castillo pudo hacerse de una manera “idónea” pues, ese tipo de inversiones están contempladas en la Propuesta del Plan de Inversión 2020.

Antededentes

Charles Wilber Benavides Castillo, hoy acusado por la procuraduría por irregularidades económicas en contratos para la institución de los bomberos del país, entró al ojo del huracán en mayo de 2020, a pocos meses de haberse declarado a Colombia en estado de emergencia por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la covid-19.

La queja llegó a la Procuraduría el 7 de mayo de ese año e, inmediatamente, empezaron a hacerse indagaciones en el caso. Lo que alegó la denuncia interpuesta es que el 24 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, al mando de Benavides Castillo, había manifestado, bajo términos de máxima urgencia, contratar bienes y servicios para atender emergencias en medio de la pandemia. Además de los camiones, se denunció la compra de de 23 celulares de alta gama cuyo valor oscilaba entre los 5 y 6 millones de pesos.

Así mismo, se encontraron irregularidades como la supuesta contratación bachilleres en donde se les pagaba, mensualmente, la cifra de $5 millones, y profesionales en diferentes áreas a los que les pagaban entre $7 y 10 millones.

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