Militar señalado por falsos positivos sostuvo ante la JEP que su proceder estuvo ajustado a la ley

En una continuación de la indagatoria ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el militar retirado describió el tipo de presiones a las que se vio sometido cuando hizo parte del ejército pero también como éstas tenían como objetivo dar de baja o desmovilizar a terroristas y criminales que hicieran presencia en zonas que buscaba recuperar el ejército.

Estas revelaciones hacen parte de la investigación que la JEP realiza contra actos de servicios en que el brigadier general en retiro, Adolfo León Hernández, es señalado como presunto responsable de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Los actos fuera del servicio habrían ocurrido durante el periodo en que éste fue comandante del Batallón de Artillería número dos, ‘La Popa’, en Valledupar. Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, esta es una de las unidades militares con más casos confesados de ejecuciones extrajudiciales.

Hernández declaró que las presiones tenían como origen la entrega de resultados operacionales que sirvieran para demostrar la efectividad de acciones en el campo. Por lo que, al ser constantes, elevaban el compromiso de los militares para cumplir con órdenes, que según su testimonio, provenían de las “altas cúpulas”, descendían al comandante de brigada y, también por su jerarquía, se transmitían a las unidades.

Afirmó que todas estas acciones se hicieron respetando la cadena de mando y enmarcadas en la legalidad.

De esta forma lo declaro ante el alto tribunal: “Yo también ejercía presión para obtener resultados operacionales, entendidos como afectaciones a las organizaciones armadas al margen de la ley. Allí cabían desmovilizaciones, capturas, bajas en combate, caletas, erradicación, todo lo que afectaran a estas organizaciones, eran resultados operacionales y eran cuantificados y, servía para el puntaje en el que calificaban a las unidades”.

Esta afirmación contrasta con la entregada en marzo de 2019, totalmente opuesta en su espíritu a la realizada en las últimas horas ante la JEP.

En esa época, Hernández negó haber cometido algún crimen durante el tiempo en que estuvo al frente del Batallón de Artillería ‘La Popa’.

De acuerdo con el informe ‘¿Qué futuro nos espera?’, presentado ante la JEP por tres organizaciones de derechos humanos entre ellas Human Rights Watch, se denunció la manipulación de informes de operativos militares del batallón para justificar como “guerrilleros muertos en combate” a 39 personas.

Incluso el militar dijo ante El Espectador que esas matanzas no habían ocurrido durante su tiempo de servicio en ‘La Popa’:

“Estuve de comandante entre diciembre de 2007 a junio de 2009, y durante ese lapso se hicieron operaciones que condujeron a muertes en desarrollo de operaciones militares. En 2010, 2011, empezaron a cuestionarse algunos de esos resultados. En esa medida, después de salir de La Popa sí tuve conocimiento de que algunas de las muertes que se reportaron en ese desarrollo de operaciones estaban siendo cuestionadas. En ese momento, solo tuve conocimiento de dos casos en los que hubo suboficiales detenidos, se fueron a juicio y fueron condenados”,

Pero las organizaciones de víctimas procedieron a desmentirlo: afirman que Hernández Martínez habría ordenado al menos 39 ejecuciones extrajudiciales, de las que investigaciones periciales no lograron identificar a 13, divididas en 10 del sector vulnerable y cinco menores de edad, de acuerdo a versiones del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

En sus recientes declaraciones ante JEP, Hernández informó que las exigencias recibidas por parte del comando conjunto así como del entonces mayor general Óscar González Peña, se dieron incluso en reuniones de comandantes del ejército.

Sostuvo que el brigadier general Luis Felipe Paredes, manifestaba abiertamente este tipo de instrucciones mediante programas radiales dirigidos a la comunidad.

“En esos programas se hablaba de la presencia de los bandidos, de las organizaciones armadas al margen de la ley, de las acciones que efectuaban y seguido de eso, del contexto en el que había enemigo, de que estaban haciendo lo que se les daba la gana y que se paseaban por el área, venía la exigencia de dónde están los resultados”, agregó ante la JEP.

El militar afirmó que su labor no consistió en presionar a sus subordinados, sino en establecer estrategias de estímulo positivo y recompensas, como permisos, cursos y oportunidades de capacitación, entre otros. Siempre atenido al marco de la ley.

Se espera ampliación de estas declaraciones del brigadier general (r) Adolfo León Hernández en las siguientes semanas antes de que la JEP dicte sentencia contra éste.