Testigo protegido en los casos de testaferrato de las FARC, volvería a ser investigado

De acuerdo a información revelada por Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación ordenó reanudar las investigaciones en contra Fernando Bahamón Céspedes quien, tras estar acusado de delitos como abuso sexual, estafa, y tener supuestos vínculos con las extintas FARC, se convirtió luego en un testigo clave y protegido, de ese ente, por sus conocimientos en casos de testaferrato del grupo armado.

Según explicó la Fiscalía, sobre Bahamón recaen nueve procesos judiciales que estuvieron detenidos desde 2017, cuando Néstor Humberto Martínez estaba en el cargo de Fiscal General. Para ese año, Bahamón fue puesto bajo protección en condición de testigo por los datos clave que, en su momento, pudiera otorgarle a las autoridades.

La información divulgada por la emisora asegura que, al despacho del director de la Fiscalía Seccional de Bogotá, José Manuel Martínez, llegó un documento que alega que Bahamón tiene 4 investigaciones en su contra por delitos sexuales, y cinco por falso testimonio.

Bahamón se convirtió, en 2017, en un importante testigo contra varias personas señaladas de ser testaferros de las Farc. Por esos días, sonaban los nombres de la familia Chaux, en el Meta; Guillermo Ruíz León, supuesto encargado de las finanzas del frente 48 de las Farc; Mauricio Parra, supuesto testaferro y supuesto responsable de la muerte violenta del dueño de Surtifruver, y la familia Falla, en el Huila.

Los antecedentes legales de Bahamón, según información del periódico El Espectador, se remontan a 1992, cuando una mujer lo denunció por haber abusado sexualmente de ella. Aunque estuvo 5 años tras las rejas, el hombre quedó bajo libertad condicional.

En 1999, Bahamón fue condenado luego de que, en 1998, se le abriera una investigación por haber estafado a diferentes personas haciéndose pasar por psicólogo, abogado, y hasta funcionario de la Fiscalía.

En 2005, dos años después de haber recuperado su libertad, en 2003, el hombre envió una carta a la alcaldesa de Neiva, de ese entonces, Cielo González, en la que aseguró que había hecho parte de las FARC, específicamente, como supuesto integrante de la columna Teófilo Forero, pero que se había desmovilizado en 2004, ante la Policía Nacional: todo esto se desmintió después.

Tras interrogarlo, enviados de la oficina de enlace del Alto Comisionado de Paz, y el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, concluyeron que, “se logró establecer que la persona en mención nunca perteneció a las filas guerrilleras ni a las redes de milicias”.

Lo que se presume que sucedió en ese entonces, de acuerdo a los informes de las autoridades, fue que un ciudadano habría identificado a Bahamón como un supuesto integrante de ese grupo armado, lo que llevó a que fuera llevado como informante clave en temas internos de las FARC. Las autoridades aseguraron, en su momento, que los testimonios otorgados por el hombre no tenían base ni fundamentos claros.

Las intenciones de Bahamón para hacerse pasar como miembro de las FARC, según se sospechaba en la Fiscalía, era recibir beneficios legales alegando que los delitos de estafa que había cometido a lo largo de su vida delictiva, eran producto de sus acciones en la guerrilla, porque lo que argumentó que merecía ser indultado.

El Ministerio de Justicia contestó que, a diferencia de lo que él suponía sobre su situación legal, “los delitos de uso de documento público falso, estafa y usurpación de funciones públicas (…) no corresponden a los tipificados como delitos políticos”.

Tras un conflictivo recorrido con las autoridades colombianas, en medio de mentiras, acusaciones, entradas y salidas de la cárcel, Bahamón se sometió a la Ley de Justicia y Paz, y del 22 de febrero de 2010 al 30 de agosto de 2013 realizó ocho diligencias de versión libre, según informó el periódico El Espectador.

Años más tarde, en junio de 2017, el hombre volvía a ser noticia tras considerarse como un testimonio importante en el asesinato de Jhonny Alonso Orjuela Pardo, el dueño Surtifruver. En ese entonces, Bahamón declaró que, según él, la orden del homicidio la había dado alias el Paisa, según él, porque quería apropiarse de los Surtifruver para legalizar dineros del narcotráfico.

Meses más tarde, en ese mismo año, el hombre fue escuchado nuevamente en los casos de testaferrato en los que se acusaba a José Hugo Chaux y su familia. Con ese testimonio, el 6 de febrero de 2018 la Fiscalía embargó los bienes de la familia, avaluados en $15.000 millones.

Fernando Bahamón Céspedes, que sirvió de testigo en otros casos parecidos a los de la familia Chaux y, gracias a su colaboración con la justicia, se convirtió en un testigo protegido de la Fiscalía, aún y cuando la UNP (Unidad Nacional de Protección) aseguró que la vida del hombre no corre mayores riesgos. El hombre es nuevamente centro de atención por los crímenes de estafa y abuso sexual, y la orden de investigación en su contra.