Colombia no reconoce a la nueva Asamblea de Venezuela y mantendrá relaciones con el presidente interino Juan Guaidó

Después de que este 5 de enero se posesionara la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque aseguró que no reconocerá a los nuevos miembros del organismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (MinExterior o Cancillería) publicó un comunicado de prensa en su página web donde explica que esta determinación fue tomada ya que existen dudas respecto a la legalidad de los comicios electorales realizados el pasado 6 de diciembre de 2020 en el país vecino.

“Colombia no reconoce legitimidad ni legalidad a los comicios fraudulentos del 6 de diciembre de 2020, en consideración a la manera antidemocrática e irregular con la que se adelantaron los mismos. Por lo tanto, tampoco reconoce a quienes resultaron ilegítimamente favorecidos para integrar un cuerpo colegiado conformado sin las mínimas garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades y justicia”, se lee en el documento publicado por MinExterior.

Teniendo esto en cuenta, el gobierno colombiano tildó a la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro como un régimen dictatorial. También aseguró que las relaciones diplomáticas con el país vecino se mantendrán pero con la Asamblea Nacional elegida en 2015 y con el presidente interino, Juan Guaidó.

“Colombia ratifica su decisión de continuar reconociendo el mandato de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, elegida en diciembre de 2015, así como al Presidente interino Juan Guaidó. En concordancia con lo establecido en la Constitución Política de Venezuela, Colombia reconoce la existencia de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, encabezada por su Presidente, Juan Guiadó.”, aseguró la Cancillería.

Colombia no es el único país que desconoce al nuevo parlamento venezolano. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú tampoco han reconocido los resultados de las elecciones realizadas el pasado 6 de diciembre en Venezuela.

Incluso, a través de una resolución publicada en diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazó el proceso electoral y aseguró que este no fue “libre ni justo de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional”, en un contexto donde no han sido liberados los presos políticos y hay una “falta de independencia de la autoridad electoral”.

La situación política de Venezuela no solo ha afectado las relaciones diplomáticas de ese país con otros países del mundo, sino que también ha impulsado la migración de más de 5,4 millones de ciudadanos, según reportó a finales de 2020 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Teniendo esto en cuenta, el gobierno de Colombia aprovechó el comunicado que emitió para hacer un llamado a la comunidad internacional para velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el país vecino.

“Colombia reafirma que la solución para la crisis multidimensional de la que son víctimas los ciudadanos venezolanos y que impacta a la región, sólo será posible a través de la convocatoria de elecciones presidenciales libres, justas, y creíbles, con garantías de participación para todas las fuerzas políticas, y bajo observación internacional objetiva”, finalizó la Cancillería.

Es importante destacar que, estas aseveraciones del gobierno Duque tienen relación con que Colombia es uno de los principales receptores de migrantes venezolanos en el mundo. Hasta noviembre de 2020, en Colombia habitaban 1,7 millones de venezolanos, según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que está adscrito a las Naciones Unidas (ONU), diversas ONG y a la Cruz Roja Internacional señalaron que Colombia necesitará 641 millones de dólares para atender a los migrantes, refugiados y retornados durante 2021. Esto se debe a que la mayor parte de esta población se ubica en los estratos socioeconómicos más bajos, sobre todo después de la crisis derivada por la pandemia del covid-19.

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