Los impactos de la emergencia sanitaria en la implementación del Acuerdo de Paz

‘Del capitolio al territorio’ es un iniciativa impulsada por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el apoyo financiero de la Embajada británica. El proyecto permitió realizar encuentros virtuales y presenciales en Guaviare, Montes de María, Catatumbo, Bajo Cauca, nordeste antioqueño, sur de Córdoba, Urabá y sur de Bolívar para conocer de cerca los avances, desafíos y tareas pendientes de la implementación del Acuerdo de Paz a través de los actores locales.

La visión y posición de los entes en el territorio estuvo marcada por el impacto de la emergencia sanitaria en la paz y seguridad. Así, dentro de los principales efectos que se identificaron, se destaca el recrudecimiento de la violencia armada, principalmente. También, se reconoció un déficit de participación en diferentes procesos debido a las dificultades de conexión y la falta de dispositivos tecnológicos, la agudización de incumplimientos pactados con el Gobierno, la falta de recursos y un aumento del desempleo, la deserción escolar y la discriminación social.

Según los entes locales, el Estado no ha logrado llenar los vacíos de la regulación tras la desmovilización de las Farc-EP, lo que favoreció la expansión y el fortalecimiento de nuevos grupos armados ilegales en las regiones. Esto también ha permitido configurar un escenario de constante riesgo para la comunidad, ya que estas estructuras delincuenciales buscan ampliar su influencia y ejercer mayor control social y territorial alrededor de las economías ilícitas.

Además, el análisis reconoció que, pese al aumento de pie de fuerza de la Policía y las Fuerzas Militares, ha sido ineficaz neutralizar las amenazas que representan estos grupos, sin contar la ausencia de inversión social para disminuir su impacto. Otro fenómeno relacionado con la presencia armada ilegal, hace referencia a las disputas y enfrentamientos entre estos grupos que han generado, entre otros, crisis humanitarias, aumento de los homicidios, desplazamientos y reclutamientos forzados. También se han visto afectados los procesos organizativos y comunitarios que adelanta la población, ocasionando el rompimiento del tejido social y la identidad colectiva.

Respecto a la renovación territorial, las organizaciones sociales y las comunidades han perdido la participación con la que contaban en las fases tempranas de aislamiento y concertación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Los actores locales reconocieron que el proceso implementado por el Gobierno carece de mecanismos efectivos de supervisión y veeduría de la gestión que adelantan las entidades involucradas. Como consecuencia, se han presentado irregularidades y falta de transparencia. Pero, sobresale el esfuerzo de las administraciones municipales en la inclusión de los PDET en los planes de desarrollo a nivel local.

El proceso de reincorporación de los excombatientes demostró que esta población sigue cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz pese a las dificultades. Pero, señalan que hay diferencias entre la atención y el acompañamiento a los antiguos miembros de las Farc-EP según su trayectoria y localización. Asimismo, según el informe, la participación de los desmovilizados en el diseño de la ruta de reincorporación ha sido prácticamente nula, por lo que algunas medias adoptadas no se ajustan a las realidades territoriales.

Además, preocupa a los analistas la falta de tierras para el desarrollo de proyectos productivos, las dificultades en la adjudicación de predios en zonas de manejo especial y los altos niveles de estigmatización que nos cesan y afectan gravemente las garantías de seguridad de los firmantes comprometidos con la paz.

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) también presenta graves fallas, pues la comunidad y los entes locales señalan que no está garantizada su sostenibilidad a largo plazo y “se han cambiado las reglas de juego en los tiempos y cronogramas”, enfatiza el documento. Tampoco hay garantías de comercialización de los productos para lograr hacer efectivo el tránsito a la legalidad o suficiente acompañamiento y asistencia técnica para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Así, la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y la Fundación Ideas para la Paz proponen garantizar la seguridad desde un enfoque amplio e integral que conviene el despliegue de Fuerza Pública con la provisión de bienes y servicios e inversión social; fortalecer la participación de las comunidades en la implementación del Acuerdo de Paz; mejorar la articulación de los entes nacionales, regionales y locales; y mejorar las capacidades institucionales para hacer frente a los desafíos que plantea la covid-19.