Las voces ambientales que apagó la violencia en Colombia durante 2020

El 2020 fue un año marcado por la pandemia de covid-19, pero también por el asesinato de líderes en el país. A pesar de que las masacres y los asesinatos de líderes sociales, ambientales e indígenas vienen aumentando desde hace varios años, en 2020 el país fue testigo de cómo estos hechos de violencia se dispararon y terminaron por consolidarse.

Uno de los primeros asesinatos registrados ocurrió el 4 de febrero, cuando el funcionario del sector ambiental, Yamid Silva Torres, guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy, fue asesinado en la vereda La Cueva del municipio de Güicán, Boyacá.

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Según el portal ambientalista Mongabay, “este hecho llevó a que Parques Nacionales Naturales de Colombia decidiera, a finales de ese mes, retirar del territorio a los funcionarios de diez áreas protegidas y que la directora de la entidad, Julia Miranda, confirmara que ya había más de 20 funcionarios amenazados”.

Dos meses después, en abril, fue asesinado el ambientalista Alejandro Llinás, de 70 años, quien fue ultimado por hombres armados que entraron a su finca.

De acuerdo con el diario El Heraldo, el cuerpo de Llinás fue encontrado bocabajo, en un camino que conduce hacia la parte alta de la vereda de Calabazo. Según el movimiento Colombia Humana, Llinás era uno de sus partidarios en la Sierra Nevada de Santa Marta y además, era defensor de Derechos Humanos en esta región del departamento del Magdalena.

En el mes siguiente, en el corregimiento de Villacarmelo, zona rural de Cali, fue asesinado el líder ambientalista Jorge Enrique Oramas, uno de los principales opositores a la explotación minera en los Farallones de Cali.

Tres meses después, fue registrado otro hecho violento en la misma zona. Fue en agosto, cuando aún regía la cuarentena en Colombia, y después de que se presentaron varias masacres, como la de ocho jóvenes en Samaniego, Nariño; el asesinato de tres indígenas en Ricaurte, en el mismo departamento; y el homicidio de cinco adolescentes, de entre 14 y 15 años en Cali, se conoció que Jaime Monge Hamman, de 62 años, fue asesinado. El líder ambiental fue vocero de Proyecto Pachamama y participante de una organización campesina de la zona.

La violencia contra líderes ambientales pareció haber dado tregua en septiembre, pero en octubre, esta paz disfrazada cesó con el asesinato de Juana Perea, en Nuquí, departamento del Chocó.

Perea, de nacionalidad colombo-española, era lideresa comunitaria y ambiental del sector y dirigía un hotel ecoturístico en Termales, corregimiento de Nuquí. Tenía 50 años y era nieta de Andrés Perea Gallaga, quien en 1945 fue el primer delegado del Gobierno Vasco en Colombia, según informó a EFE su prima Ana María Restrepo Perea.

Juana Perea fue encontrada sin vida y con “una herida de bala en la cabeza”, frente a la estación de Policía del municipio, ubicada en la playa, según confirmó el alcalde de Nuquí, Yefer Gamboa.

El año siguió. Llegó diciembre y con ello, el asesinato de Javier Francisco Parra, uno de los coordinadores regionales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena).

Parra llevaba más de 20 años trabajando en la autoridad ambiental y fue baleado cuando se encontraba en el municipio de La Macarena, departamento del Meta. El medio ambiental Mongabay recordó que, esta zona tiene una historia larga de conflicto armado, pero además allí “se vienen dando fuertes fenómenos de deforestación y acaparamiento de tierras”.

Pero esto no fue todo, porque por la misma época, se conoció el asesinato de tres indígenas en el norte del Cauca: Carlos Escué del resguardo Munchique Los Tigres; Juan Carlos Petins del resguardo Belalcázar; y Eduardo Pino Julicué, hijo de la exconsejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) Luz Eyda Julicué. Horas después de esta masacre, a través de un panfleto enviado por supuestas disidencias de las FARC, Feliciano Valencia, líder indígena y ambiental del departamento, fue declarado objetivo militar.

Acaba un año marcado por el aumento de la violencia contra líderes ambientales y sociales en Colombia. Según información de Mongabay, Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, aseguró que “en el primer semestre del año se registraron 95 asesinatos, un incremento del 61 % respecto al mismo periodo de 2019 y que, además, el 48 % de esos homicidios ocurrieron durante el periodo de confinamiento estricto”.

Por otro lado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dio a conocer que “hasta el 5 de diciembre ocurrieron 79 masacres en el país en las que fueron asesinadas 340 personas”. Sin duda, esta es otra de las grandes deudas en materia de paz, que hoy sigue acumulando el país.

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