Así le fue al Gobierno en la lucha contra el reclutamiento de menores en 2020

Pese a las advertencias de la Defensoría del Pueblo de que el reclutamiento de menores se incrementó durante la pandemia, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que el balance para 2020 en esta materia era favorable.

Gutiérrez señaló que se logró la recuperación de 446 menores que eran utilizados por los denominados grupos armados organizados (GAO) así como de los grupos delincuenciales organizados (GDO) que los utilizaban para cometer actividades ilegales.

Un factor clave para este balance es la estrategia “Súmate por mí”, diseñada para prevenir en el reclutamiento de menores, cuyo impacto se mide en el alcance que obtuvo a lo largo del año: fueron 127 municipios de Tolima, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca, que tuvieron implementación de dicha estrategia.

De acuerdo con información de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, hubo una labor previa de identificación en los territorios con el fin de determinar la forma en que la estrategia sería útil para prevenir el reclutamiento.

Según comunicado oficial de la entidad “La Consejería identificó los 209 territorios de mayor riesgo de reclutamiento, uso y utilización de menores, y puso en marcha el plan de acción orientado al fortalecimiento de la respuesta estatal mediante la articulación entre gobiernos municipales, departamentales y nacionales”.  Para agregar que dicha estrategia cuenta con una participación importante de entidades multilaterales, cuyo apoyo financiero y logístico permite gestionar con agilidad los programas de la Consejería en el territorio: “Esta estrategia cuenta con la financiación del Fondo Multidonante de Naciones Unidas, la cooperación técnica y presupuestal de Usaid, el Programa de Derechos Humanos de Chemonics, y la participación interagencial de las 22 entidades del Gobierno que conforman la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento”.

Pero el balance no podía ignorar el factor de riesgo que en Colombia significa la amenaza contra líderes y líderesas sociales por adelantar labores de promoción de los Derechos Humanos. La Consejería, según Ramírez, ha identificado que el origen del riesgo está relacionado “con las actividades ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal desarrolladas por parte de los GDO y GAO”. Y concluye que “Se han emitido tres informes trimestrales que explican la relación del fenómeno criminal con las economías ilícitas, narcotráfico y extracción ilegal de minerales, desarrolladas por estructuras criminales, como la principal amenaza para nuestros líderes y defensores de Derechos Humanos”.

La Consejera Gutiérrez ha sido enfática que el reclutamiento de menores es un acto repudiable y que se encuentra sancionado por las distintas convenciones a las que está suscrito el país.

Recientemente subrayó que uno de los factores que inciden en el reclutamiento son los entornos familiares no apropiados para las garantías de sus derechos, en especial los de niños y adolescentes de las zonas rurales de Colombia: “Los niños a partir de los 9 años pueden ser reclutados o usados para efectos delictivos, pero la mayoría se concentra en adolescentes entre los 14 y los 18 años; muchos son inducidos a usar sus redes sociales o a vender droga en establecimientos escolares. Y utilizan muchas veces, de manera temporal, a los menores de edad que son proclives, precisamente, porque tienen unos entornos familiares no apropiados para garantizarles sus derechos”.

Además del riesgo que conlleva el reclutamiento, Gutiérrez ha indicado las regiones en las que se produce este fenómeno, que está combatiendo las Fuerzas Militares en su conjunto con el acompañamiento de la Consejería que ella lidera: “Coinciden exactamente con las zonas de mayor violación de derechos humanos, cultivos ilícitos, explotación ilegal de minerales y toda la cadena del narcotráfico. Van desde el Catatumbo, atraviesa el sur de Córdoba, norte de Antioquia y hasta la costa Pacífica (Chocó, Valle, Cauca y Nariño) y se extiende hasta Arauca, en la frontera con Venezuela. Es como una ‘C’ que tiene el mapa de Colombia donde se concentran los cultivos ilícitos, la minería ilegal y los homicidios de líderes sociales”.