Este miércoles 30de diciembre, fue asesinado Norbey Antonio Rivera, un reconocido líder y miembro de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia -Ascamta-, y esposo de la concejal del municipio de Argelia, Nancy Santacruz, quien en agosto de este año denunció amenazas en contra de su vida por parte de grupos armados.
Su asesinato se produjo en el sector conocido como La Ladera en Popayán. Los hechos sucedieron mientras se movilizaba en su auto por este sector, allí fue interceptado por sicarios quienes le propinaron varios disparos.
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La autoridades investigan si las denuncias hechas por la cabildante tienen algún tipo de relación con el homicidio de su pareja.
“Unos hombres lo interceptaron y le propinaron cuatro disparos que le causaron la muerte. Esperamos que la Policía y Fiscalía esclarezcan el caso y traten de establecer las causas del asesinato para que no quede en la impunidad”, aseguró Elvia Rocío Cuenca, secretaria de Gobierno de Popayán, citada por RCN Radio.
Según Indepaz, con Norbey Antonio Rivera serían 309 los líderes sociales y defensores de DD.HH. asesinados en el 2020.
21 congresistas firmaron carta para denunciar violencia contra lideresas sociales
Este año cierra con la denuncia de alrededor de 21 senadores y representantes, que a través de una carta aseguran que 5 de las 16 integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género del Acuerdo Final de Paz están amenazadas y ya han sufrido ataques violentos por parte de grupos armados al margen de la ley.
“Nos permitimos advertir con gran preocupación los recientes ataques contra los liderazgos especialmente pertenecientes a esta importante Instancia que busca garantizar la participación de las mujeres en la construcción de paz de nuestro país”, aseguraron los congresistas en el documento que firmaron.
Las intimidaciones han obligado a las cinco excombatientes a abandonar sus espacios de incidencia y suspender sus actividades de liderazgo. Las familias de estas mujeres también han tenido que desplazarse de los territorios, ya que en las amenazas registradas se les menciona directamente y los subversivos chantajean a las lideresas con atacar a sus allegados.
Además, la Instancia Especial de Mujeres denuncia que a parte de las cinco excombatientes desplazadas, otras cinco han restringido y reducido su participación en los procesos representativos y de organización realizados en distintas regiones del país por temor a ser amedrentadas.
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Los miembros del Legislativo, liderados por Ángela María Robledo, afirman que estas acciones están relacionadas con otros ataques a líderes sociales en Colombia, situación que ha aumentado durante este año. “Esta situación hace parte de los ataques sistemáticos que se vienen presentando en el país contra las defensoras de DD.HH., y que a la fecha ha dejado una preocupante cifra de asesinatos y vulneraciones en su contra. En 2020, se registran al menos doce atentados contra defensoras, lo que supone un incremento del 140 por ciento respecto al año anterior”, aseguran en la carta.
Cabe mencionar que, precisamente el último fin de semana del año, específicamente el pasado 26 de diciembre, cinco integrantes de una misma familia fueron masacrados en Bolívar. Rosa Amalia Mendoza Trujillo, exmiembro de las extintas Farc, y su bebé de dos años fueron víctimas en este ataque.