21 congresistas firmaron carta para denunciar violencia contra lideresas sociales

La violencia contra los líderes sociales y el ataque a defensores del acuerdo de Paz ha sido una de las principales noticias de 2020 en Colombia. Este año cierra con la denuncia de alrededor de 21 senadores y representantes, que a través de una carta aseguran que 5 de las 16 integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género del Acuerdo Final de Paz están amenazadas y ya han sufrido ataques violentos por parte de grupos armados al margen de la ley.

“Nos permitimos advertir con gran preocupación los recientes ataques contra los liderazgos especialmente pertenecientes a esta importante Instancia que busca garantizar la participación de las mujeres en la construcción de paz de nuestro país”, aseguraron los congresistas en el documento que firmaron.

Las intimidaciones han obligado a las cinco excombatientes a abandonar sus espacios de incidencia y suspender sus actividades de liderazgo. Las familias de estas mujeres también han tenido que desplazarse de los territorios, ya que en las amenazas registradas se les menciona directamente y los subversivos chantajean a las lideresas con atacar a sus allegados.

Además, la Instancia Especial de Mujeres denuncia que a parte de las cinco excombatientes desplazadas, otras cinco han restringido y reducido su participación en los procesos representativos y de organización realizados en distintas regiones del país por temor a ser amedrentadas.

Los miembros del Legislativo, liderados por Ángela María Robledo, afirman que estas acciones están relacionadas con otros ataques a líderes sociales en Colombia, situación que ha aumentado durante este año. “Esta situación hace parte de los ataques sistemáticos que se vienen presentando en el país contra las defensoras de DD.HH., y que a la fecha ha dejado una preocupante cifra de asesinatos y vulneraciones en su contra. En 2020, se registran al menos doce atentados contra defensoras, lo que supone un incremento del 140 por ciento respecto al año anterior”, aseguran en la carta.

Cabe mencionar que, precisamente el último fin de semana del año, específicamente el pasado 26 de diciembre, cinco integrantes de una misma familia fueron masacrados en Bolívar. Rosa Amalia Mendoza Trujillo, exmiembro de las extintas Farc, y su bebé de dos años fueron víctimas en este ataque.

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El escenario preocupa a los congresistas y aseguran que el Gobierno Nacional no ha atendido la situación, por eso piden que se ejecuten acciones concretas para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas.

“Solicitamos al Gobierno Nacional adelantar todas las acciones pertinentes, con el fin de establecer las garantías institucionales para salvaguardar su seguridad e integridad personal y la de sus familias. Así mismo, insistimos en la necesidad real de implementar las medidas establecidas en el punto 3.4 del Acuerdo Final de paz”, pidieron los congresistas.

En la carta también se solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que se avance en las investigaciones para fortalecer los mecanismos judiciales y esclarecer los hechos de violencia.

La situación que denuncian los congresistas ya había sido revelada el pasado 23 de diciembre por la Comisión de la Verdad. El organismo reportó que el 62,5 por ciento de las integrantes de esta Instancia Especial “carecen de las condiciones básicas de seguridad y protección para ejercer su liderazgo y cumplir a cabalidad el compromiso que significa su trabajo social”.

Según la Comisión, estas intimidaciones y amenazas de los grupos armados contra las integrantes del organismo representan un retroceso en la implementación del acuerdo de paz y frenan el avance de las iniciativas y proyectos realizados desde la instancia de enfoque de género pactada en el acuerdo.

La entidad también rechazó los actos violentos y aseguró que a la situación se suma la “falta de garantías institucionales”, que ponen en riesgo la integridad personal y familiar de las mujeres, así como paralizan y obstaculizan el “cumplimiento de su misión política y técnica”. La Comisión se sumó a las peticiones expresadas al Gobierno Nacional y a todas las instituciones del Estado para que exista presencia de éste, de forma integral en las regiones del país más golpeadas por las acciones violentas de los grupos armados, así como que las limitaciones y coacciones violentas a los derechos ciudadanos y a las libertades de estas mujeres y líderes sean “sometidas a la ley”.

La carta fue firmada por 21 congresistas y representantes de distintos partidos políticos del país, principalmente de aquellos que se declaran como la oposición al Gobierno Duque.

Entre los firmantes se encuentran: Ángela María Robledo, María José Pizarro, Aida Avella Esquivel, Angélica Lozano Correa, León Fredy Muñoz, Iván Cepeda Castro, León Fredy Muñoz, Wilmer Leal Pérez, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, César Pachón Achury, Juan Luis Castro, Inti Raúl Asprilla, Feliciano Valencia, Iván Marulanda, Carlos Alberto Carreño Marín, Jorge Alberto Gómez Gallego, Pablo Catatumbo Torres, Luis Alberto Albán Urbano, Antonio Sanguino Páez, Wilson Arias Castillo y David Racero.

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