El covid-19 no fue el único virus que tomó protagonismo el 2020 en el país, también lo fue el aumento de las masacres y el asesinato de líderes sociales, documentado por Indepaz. Ni siquiera durante las festividades de este atípico fin de año la sangre de los colombianos se dejó de derramar: este domingo 27 de diciembre, fueron asesinados dos exmilitantes de las Farc.
Rosa Amalia Mendoza Trujillo, de 25 años, fue asesinada en el municipio de Montecristo, Bolívar, en medio de una masacre que dejó otras cuatro víctimas mortales, una de ellas su hija recién nacida. A Manuel Alfonso Villegas, de 55 años, lo despojaron de su vida en Miranda, Cauca; en este municipio del suroccidente colombiano fue hallado su cuerpo, este domingo.
Pero no han sido los únicos, sino que hacen parte de los 249 excombatientes de las extinta guerrilla asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz con el Gobierno colombiano en el 2016, un Gobierno que hoy dirige el presidente Iván Duque y que, ante los ojos del hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), “no da garantías a quienes apostaron por la paz”.
Las primeras informaciones sobre el homicidio de Rosa Amalia Mendoza las dio la corporación Rosa Blanca a través de sus redes sociales. “En Quebrada Honda, municipio Montecristo, Bolívar asesinaron a 5 personas de una misma familia. Entre las víctimas se encuentra Rosa Mendoza desmovilizada de Farc y su hija bebe. Rechazo rotundo a este nuevo crimen que se debe esclarecer los responsables”, anunció la corporación que se encarga de de defender los derechos de las niñas y jóvenes reclutadas por las Farc.
De acuerdo con voceros del partido Farc, en el 2019, tras su reincorporación a la vida civil, Rosa AmaliaMendoza Trujillo, de 25 años, fundó la Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bolívar (Asovisbol). Aunque las autoridades no han dado información oficial de los perpetradores de la masacre en la que fue asesinada, junto a otras cuatro personas, no se descarta la hipótesis de que haya sido ejecutada por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), estructura armada dedicada al narcotráfico, que tiene el control de esta zona de explotación de minera ilegal, según las alertas de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, el alcalde de Montecristo, Jairo Hernández Buelvas, quien confirmó la noticia, en declaraciones a RCN Radio, dio una nueva hipótesis sobre los perpetradores. “Lo que nos dicen miembros de la comunidad, porque los hechos al parecer ocurrieron en una zona de muy difícil acceso, es que hubo enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln y como saldo resultaron asesinados estos cinco miembros de una familia”.
El mandatario informó que una comisión de la alcaldía se dirigió hacia el corregimiento de Villa Uribe, el poblado más cercano al lugar donde sucedieron los hechos.
Manuel Alfonso Villegas, quien militó en el Movimiento 19 de Abril (M-19) y posteriormente en las Farc, luego de dejar las armas se dedicó a un emprendimiento de excombatientes, de fabricación y estampado de camisetas, llamado ‘La Leyenda’; también al apoyo de comunidades campesinas en el norte del Cauca y el sur del Valle. Antes de ser asesinado, se dedicó a la formación en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Miranda, según el partido Farc.
Ambos asesinatos fueron rechazados por miembros del partido Farc, como Sandra Ramírez, quien, en su cuenta en Twitter, le preguntó el presidente Duque “¿Cuál es su silencio ante tantas masacres?”
Rodrigo Londoño, quien puso si firma al final de los Acuerdos junto a la de Juan Manuel Santos, aseguró que, pese a la idea de algunos por “asfixiar el proceso”, no lo lograrán. En Twitter manifestó:
Por dura que pueda ser esta batalla, no nos rendiremos
Acerca de los asesinatos de reincorporados a la vida civil, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, ha manifestado que no ocurren en tres contextos que ha venido señalando el Gobierno: narcotráfico, riñas personales y disidencias de las Farc, sino que se debe investigar un patrón de sistematicidad.
“Si el narcotráfico fuera un factor determinante de los homicidios se esperaría que en la mayoría de los municipios cocaleros ocurriera este fenómeno. Sin embargo, la evidencia indica lo contrario: 6 de cada 10 municipios cocaleros no presentan esta clase de hechos victimizantes”, mencionó Álvarez durante la audiencia nacional de la Jurisdicción Especial para la Paz.
A corte de 25 de diciembre, el Instituto de Estudios y Desarrollos para la Paz (Indepaz), ha documentado 370 personas asesinadas en las 89 perpetradas este año en el país. Además, ha registrado el asesinato de 1.088 líderes y defensores de derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta el momento.
También le puede interesar: