Petrolera extranjera habría pagado a grupo armado para asegurar su operación en el Putumayo

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aseguró que familias desplazadas en el Putumayo denunciaron una serie de actos violentos entre el Frente Carolina Ramírez de las Farc-EP y la estructura Comandos de la Frontera, apoyados por unidades militares y la empresa Amerisur, conocida hoy como Nueva Amerisur, recientemente adquirida por la compañía chilena GeoPark. Los pobladores aseguran que reciben amenazas constantes, son víctimas de reclutamiento forzoso, señalamientos, acusaciones falsas y presiones, que ocasionan la fragmentación comunitaria, el despojo y la apropiación de tierras.

Durante las últimas dos semanas, señala la organización, los campesinos han sido citados por los Comandos de la Frontera a reuniones, en las cuales amenazan a quienes se oponen al proceso que adelanta la empresa en la zona. Según uno de los testimonios, el grupo armado afirma haber concretado negocios con la petrolera para asegurar su operación. Asimismo, de acuerdo con las denuncias de la ONG, los grupos armados ilegales mostraron su malestar frente a las denuncias y demandas de protección ambiental que realiza la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica (ZRCPA), municipio de Puerto Asís y aseguraron que acabarían con esa figura territorial.

Las familias desplazadas también denunciaron que, dentro de la estrategia de control social territorial que ejercen los Comandos, cuestionan los procesos que adelanta la comunidad, asociando a sus miembros con la guerrilla de las Farc-EP. Recientemente, sostienen los campesinos, los grupos armados han adelantado una campaña de estigmatización contra la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (Adispa), organización que representa legalmente a la Zona de Reserva Campesina. Además, señalan los pobladores, los ilegales desarrollan planes de persecución y desarraigo contra los liderazgos que proponen el goce del territorio.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz indica que, pese a las denuncias conocidas años atrás contra Amerisur por daños ambientales, los resultados en materia judicial son nulos y las actuaciones contra los derechos de los habitantes de la región nunca fueron investigadas a pesar de las evidencias presentadas por las comunidades campesinas. Asimismo, desde marzo, los pobladores de esta zona, junto a otros procesos de ordenamiento en el país, han insistido con urgencia en un Acuerdo Humanitario Global “que permita el respeto a la vida, la autonomía de los procesos organizativos y la discusión sobre el uso del suelo”, debido a las continuas concesiones que ha entregado el Gobierno nacional a empresas petroleras sin respertar el derecho a la consulta previa.

Desde 2006, la petrolera ha realizado trabajos de extractivismo en 13 bloques, uno en la Cuenca de los Llanos y 12 en la Cuenca Caguán-Putumayo. Además, opera en su totalidad el Oleoducto Binacional Amerisur (BNA), el cual se origina en Puerto Asís, desde el Bloque Platanillo hasta la zona de frontera.

De acuerdo con la Agencia Prensa Rural, se registró el aumento de amenazas a líderes comunitarios debido a la presencia de la fuerza pública en el territorio, pues los grupos armados ilegales que se disputan el negocio del narcotráfico, optan por amenazar a la población si esta recurre a las autoridades, incluso si no colaboran en sus actividades ilícitas. Además, Adispa ha denunciado reiteradas veces las afectaciones socioambientales provocadas por la empresa en el territorio, pero las autoridades competentes han hecho caso omiso. Asimismo, la Nueva Amerisur ha adelantado, de manera personal, el diálogo con habitantes del territorio, “desconociendo el trabajo de más de 20 años que, como proceso, tiene la organización campesina”, señala Adispa, pues se ha fracturado el tejido social y asociativo de las comunidades.

Según la Comisión, La Mafia o La Mafia de Sinaloa adoptó el nombre de los Comandos de la Frontera en un intento por cambiar de imagen y desligarse de asesinatos ocurridos en la zona. Este grupo armado está conformado por miembros del Frente 48 de las extintas Farc-EP y La Constru, paramilitares que hacían parte del Frente Sur de Putumayo. Los Comandos han intentado apoderarse del tráfico de drogas en la frontera con Ecuador después de la desmovilización de las Farc-EP. Según InSight Crime, Putumayo es el tercer departamento con más cultivos de hoja de coca en el país, ya que es un corredor estratégico. Una de la rutas de narcotráfico frecuentes es el río San Miguel, que funciona como autopista para el traslado de cocina hacia Ecuador.