Archivan proceso contra el ministro de agricultura Rodolfo Zea: Procuraduría no encontró irregularidades

La Procuraduría General de la Nación archivó, en la tarde del 24 de diciembre, las investigaciones disciplinarias que estaba adelantando en contra del ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro y el secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Andrés Lozano Karanauskas, por presuntas irregularidades en los procesos del Fondo para Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro.

Un proceso que inició luego de que el Ministerio Público recibiera una denuncia anónima según la cual los miembros, tanto de la comisión como del fondo, estaban cometiendo diferentes crímenes como detrimentos patrimoniales, peculado y concierto para delinquir, recordó el periódico El Tiempo.

Según la misma publicación, el sustento para dichas sospechas se encontraba en la forma en la que se agotaron, el pasado 31 de marzo —mientras la pandemia del covid-19 apenas comenzaba y todos los sectores del país se preparaban para enfrentar el que inicialmente iba a ser un mes de confinamiento total—, los subsidios de la línea especial de crédito Colombia Agro Produce, aprobados por la Comisión y entregados por Finagro por $10.000 millones para agricultores colombianos. El hecho que se presentó en apenas dos horas sorprendió al denunciante, quien señaló que ese tipo de trámites tienden a extenderse por un periodo de varias semanas.

De acuerdo con el anónimo, buena parte de esos créditos fueron a parar a las arcas de por lo menos 20 grandes industriales del país que, por contar con ventas anuales de entre $100.000 millones y $1,2 billones, claramente no necesitaban las ayudas diseñadas para el agro colombiano.

El tema escaló al punto en el que, desde la Contraloría General de la Nación se hablaba de que por lo menos el 90 por ciento de dichos créditos, que eran destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad durante pandemia, se estaban concentrando en aparentes beneficiarios que no los utilizaron para desarrollar y sostener proyectos productivos. Incluso, la Fiscalía intervino en el tema, inspeccionando las oficinas de Finagro.

Aunque varios de los subsidios terminaron regresando a la entidad emisora, la investigación continuó hasta hace poco, cuando la Procuraduría determinó que no se presentaron irregularidades en la entrega de los fondos, mucho menos concentración de los mismos como se había denunciado inicialmente.

Lo último, por un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Crédito, que proscribieron unos topes de montos por beneficiario. Según el documento del Ministerio Público, citado por el diario colombiano, “este límite impide entonces que un solo productor, independientemente de su tamaño, sea beneficiado con una o con varias operaciones crediticias de subsidios equivalentes a más de 250 millones, ya que el sistema no permite exceder dicha cantidad al calcular el monto de los intereses subsidiados con los recursos de la Línea Especial de Crédito”.

Además, el ente investigador precisó que la misma línea de crédito sí permitía invertir los dineros en actividades diferentes a la labor agrícola, pero relacionadas con la misma, como importar materias primas e insumos utilizados para avanzar con ese tipo de producción.

Esta no es la primera vez que la Procuraduría abre un proceso contra el jefe de la cartera agraria. De hecho, Zea tiene actualmente otra investigación —abierta en agosto de 2020— por irregularidades en la construcción del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, obra que inició en 2015, cuando era secretario general del Findeter, con una inversión de más de $10.000 millones.

Para el Ministerio Público resulta sospechoso que, tanto el ahora ministro como el Ministerio de Cultura, giraron recursos para las obras, que tenían dos años de retraso e incluso estaban abandonadas. Por eso, se abrió una indagatoria “con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública”, explicó la entidad.

Sobre esta última todavía no se conocen avances.

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