Procurador pide al Gobierno y autoridades del Chocó fortalecer seguridad para líderes sociales

El procurador General de la Nación participó, este 23 de diciembre, en un consejo de seguridad en el Chocó. Allí, Fernando Carrillo Flórez hizo un llamado a las autoridades para que fortalezcan la seguridad en el territorio y para que se protejan de manera integral a las autoridades étnicas, líderes sociales y personas que hayan participado en el acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc.

El jefe del ministerio Público insistió al Gobierno de Iván Duque, por medio de la Directiva No. 037 de 2020, a que despliegue las acciones pertinentes para la prevención y protección de la vida en esa zona del país, recoge El Tiempo.

Además, Carrillo solicitó al Ministerio de Defensa que las acciones que realice la Fuerza Pública contra los grupos criminales que actúan en la zona, estén acompañados por la Fiscalía General de la Nación. Pidió también que se inicien los procesos de extinción de dominio de los bienes muebles e inmuebles que sean usados para la criminalidad.

El procurador le reclamó a las autoridades para que cumplan con medidas preventivas de protección a líderes en riesgo, y le pidió a la UNP que adopte medidas de protección urgentes.

En la directiva, el procurador pidió a la Unidad de Restitución de Tierras que avance con rapidez en los procesos de las comunidades negras y pueblos indígenas.

A la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos la exhortó a que adopte planes, medidas y programas de prevención del reclutamiento de menores de edad, pues es un problema que ha venido en aumento de acuerdo con las denuncias hechas por la comunidad.

Carrillo recordó las difíciles condiciones de infraestructura de la cárcel Anayanci de Quibdó́, que no tiene más cupos para nuevos presos, por lo que pidió al Ministerio de Justicia coordinar acciones en el centro.

El flagelo de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos sigue avanzando con firmeza en el territorio colombiano. Así lo confirmó el más reciente informe de la organización sin ánimo de lucro, International Crisis Group, según el cual, la problemática creció en un 85% durante los cinco meses de aislamiento por pandemia, frente al mismo periodo del año pasado.

Según recuenta El Espectador, el informe “Lideres bajo fuego: definiendo la paz en Colombia”, diagnostica que ni siquiera una pandemia de calibre mundial fue suficiente para ponerle al menos una pausa a la situación. De hecho, y basándose en las cifras de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el reporte señala que hubo 139 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en 156 días de cuarentena.

Estos se presentaron en 29 de los 32 departamentos colombianos, siendo Antioquia, Cauca y Norte de Santander los escenarios de por lo menos la mitad de los hechos. Para completar, el 60 % de los asesinatos se presentaron en las áreas de influencia de las 170 municipalidades designadas por los acuerdos de paz para recibir Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial durante el posconflicto.

En este sentido, la conclusión de la organización es que la mayoría de muertes se presentan en regiones donde hay más de un grupo armado luchando por el territorio o que hacen parte de corredores de droga, o ambas. Es decir, “áreas que históricamente han tenido que presenciar los más altos niveles de conflicto”.

Los autores del informe también apuntan que, de los homicidios, el 59 % se pueden atribuir a grupos armados identificables; el 39 % a individuos o bandas desconocidas y el 2 % restante a oficiales militares. Al respecto de esto último, alertan desde el diario que “hay un discurso de que los líderes sociales son guerrilleros y narcotraficantes”, que es el que termina en las ejecuciones por parte de las fuerzas armadas del Estado.

Con respecto al aislamiento, las publicaciones apuntan que “los grupos armados se han aprovechado de la distracción del Gobierno para reforzar su control sobre el territorio, imponiendo estrictos controles sociales como los toques de queda bajo la apariencia de cuarentenas, ordenando la distribución de suministros de alimentos y amenazando a cualquier persona de quien se sospeche es contagiosa”.

Y es que, los líderes sociales se han enfrentado durante la pandemia a una serie de problemas que los dejan más vulnerables que nunca. El reporte enumera, por ejemplo, las limitaciones físicas que tienen para desplazarse hacia otros espacios, lo que quiere decir que tienen ubicaciones fijas que los hacen más fáciles de encontrar; la suspensión de esquemas de seguridad (4.966 de ellos tienen uno), la pérdida de relacionamiento con las comunidades a causa del aislamiento; la geografía colombiana que impide una buena conectividad en las áreas apartadas, e incluso la imposibilidad de tener dispositivos como celulares.

Crisis Group detalló, incluso, cómo es la ruta que suele llevar al asesinato de un líder social. Según la organización, primero aparecen amenazas por e-mail o mensajes de texto provenientes de fuentes anónimas, ordenándoles que abandonen la región. Luego comienzan los panfletos que los designan como objetivos. Finalmente llegan las muertes. “Las mujeres reciben amenazas de violencia sexual, o de hostigamiento hacia sus hijos y familiares. Los líderes LGBTQ reportan que reciben mensajes que sugieren la necesidad de una ‘limpieza social’”.

El documento continúa analizando diferentes casos particulares, incluido el del actual comisionado de la Verdad, Leyner Palacios, y hasta explora la relación que pueden llegar a tener las autoridades estatales con algunos grupos a los que privilegian sobre otros, a los que sí atacan.

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