Policía exigía a comerciantes $500.000 para dejarlos trabajar con máquinas tragamonedas

En la tarde del miércoles 23 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación confirmó que capturaron a Alexander Román Bravo Vallejo, un capitán de la Policía que, según varias denuncias, estaba exigiendo altas sumas de dinero a los comerciantes que eran dueños de máquinas tragamonedas en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Después de una investigación profunda, se conoció que el capitán amenazaba con cerrar los locales si los dueños no pagaban lo acordado.

Según la Fiscalía, los comerciantes de ese municipio denunciaron que el uniformado los presionaba constantemente y les exigía más de $500.000 pesos mensuales con la intención de dejarles funcionar los equipos y de recibir clientes. Ante las constantes denuncias y la investigación del ente acusador, el CTI y la Sijin decidieron capturar al hombre, a quien le imputaron de cargos por el delito de concusión.

Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra la seguridad ciudadana, enmarcados dentro de los lineamientos del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado creó el programa ‘En la calle y en los territorios’ que obliga a cumplir a la institución nueve retos hasta 2024, que tienen que ver con mayores y mejores posibilidades de acceso a la justicia en las regiones del país.

Los nueve puntos hablan de:

1. Ampliación territorial de la Fiscalía en los territorios: Llegar a más municipios del país, especialmente a las regiones donde se desarrolla la reincorporación de los desmovilizados del Acuerdo de Paz. “Llegando a los territorios con justicia no solo perseguiremos las economías criminales, sino que protegeremos el medio ambiente del país. No podemos dejar al garete a departamentos como Guainía, Cauca, Vichada, Vaupés, Putumayo, Chocó y Amazonas, entre otros”, comentó el fiscal General.

2. Lucha contra la corrupción: Fortalecer la investigación de los hechos criminales que pongan en riesgo los recursos de la salud, el medio ambiente, la educación y la contratación pública.

3. Derechos de niñas, niños y adolescentes: Reforzar las unidades que investigan los delitos que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

4. Lucha contra la criminalidad de líderes sociales: Incrementar los índices de esclarecimiento de los crímenes y amenazas contra defensores de derechos humanos, excombatientes y sus familiares.

5. Fortalecimiento de la investigación: Garantizar justicia pronta y efectiva mediante el fortalecimiento de los equipos de investigación y de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) del país.

6. Priorización de casos: Desarrollar estrategias en las que las medidas privativas de la libertad y el descubrimiento del material probatorio no sean las únicas salidas para el éxito de los procesos.

7. Lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales.

8. Derechos de mujeres y minorías: Avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra las mujeres y los grupos de especial protección, como los pueblos indígenas del país.

9. Relacionamiento interinstitucional: Mantener relaciones armónicas y de máxima colaboración, en el marco de las competencias, con otras entidades y jurisdicciones como la Justicia Especial para la Paz (JEP).

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