Este año se detectaron casi 200 instituciones educativas ‘piratas’ en Bogotá

La llegada de la pandemia del covid-19 y su respectivo confinamiento acarrearon una serie de retos para el sector educativo de Colombia, que se vio en la necesidad de dar el salto a la educación virtual, basándose en una experiencia sumamente limitada y un marco jurídico incompleto, que le abrió la puerta a las instituciones ilegales.

Así lo señaló esta semana la Secretaría de Educación de Bogotá, que lanzó el programa Estudia Legal, para evitar que los padres capitalinos matriculen a sus hijos en jardines, colegios e instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano no autorizadas.

Es que, de acuerdo con lo publicado por la entidad, “debido a que la educación 100 por ciento virtual no está reglamentada en nuestro ordenamiento jurídico, han surgido muchas instituciones ‘piratas’ que engañan a sus estudiantes”, al no contar con una licencia de funcionamiento.

Esta última es la que “da la garantía que el particular proveerá el servicio y las garantías esenciales de pedagogía, administración, financiación, infraestructura y dotación requeridos para desarrollar procesos eficientes y de calidad” informó la Secretaría.

De hecho, la entidad encargada de la educación a nivel Distrital confirmó que en lo corrido de 2020 se han identificado un total de 194 instituciones “que prestaban sus servicios en condiciones de ilegal”. A estas, agregan desde la Secretaría, se les ha emitido órdenes de cierre y actualmente adelanta procesos administrativos sancionatorios en su contra. De igual forma, se les hace seguimiento para evitar que continúen ofreciendo servicios educativos sin las certificaciones pertinentes.

Lo anterior, teniendo en cuenta el profundo daño que les hacen a los inscritos, pues como explica el Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, Hernán Trujillo: “esto obliga a los estudiantes a validar los conocimientos adquiridos o, en muchos casos, a repetir los grados en establecimientos legales por no alcanzar los estándares mínimos de los conocimientos propuestos por el Estado”.

En otras palabras, los procesos académicos adelantados en colegios o jardines sin licencia, y los certificados que de estos se desprendan, no tienen ninguna validez.

Por eso la campaña que busca que los bogotanos tengan todos los recursos e información necesaria antes de iniciar un proceso de matricula en cualquier institución educativa de la capital, incluyendo las pautas para reconocer cuáles de estas tienen los avales pertinentes para impartir clase.

Al respecto, es importante saber que los colegios y jardines bogotanos tienen la obligación de publicar en sitio visible los actos administrativos que dan cuenta de su licencia de funcionamiento para que los usuarios constaten la legalidad del servicio ofrecido. Esta se puede verificar a través de la página Directorio Único de Establecimientos Educativos de Bogotá, Dueb.

Lo mismo aplica para establecimientos que ofrezcan programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. No obstante, sus licencias se certifican a través del Sistema de Información específico para este tipo de instituciones, Siet. Además, la información de todos los tipos de centros educativos.

“Es importante cumplir con la normatividad constitucional, legal y reglamentaria, porque esto permite ejercer en términos de igualdad y transparencia la oferta educativa, que ayuda a la mejora de calidad de la educación. Además, evitamos que las comunidades terminen engañadas o estafadas por quienes se presentan como si tuvieran la autorización legal para prestar el servicio público educativo, sin tener dicha licencia de funcionamiento”, agregó Trujillo.

Cabe recordar que esto no solo aplica para la virtualidad, pues el Distrito ya tiene preparados los protocolos de bioseguridad y alternancia para el regreso presencial a los colegios públicos en 2021.

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