Comunidades afectadas por la minería transnacional de Carbón en Cesar exigen al gobierno respetar sus derechos

Varias comunidades del departamento del Cesar manifestaron, a través de un comunicado, que se están viendo afectadas por la minería de carbón en la zona y aseguraron que el Gobierno tiene completamente abandonados los procesos de la zona mientras las empresas explotadoras están dañando todo el ecosistema y afectando la vida de los habitantes.

“Las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto rechazamos y denunciamos la crisis humanitaria que sufre la vereda de El Hatillo y demás comunidades afectadas por la minería de carbón en el departamento del Cesar, Colombia. La situación de la población es grave, pues las empresas mineras transnacionales hoy incumplen sus compromisos y obligaciones ante un Estado que se ha mostrado ineficaz para garantizar los derechos fundamentales de estos ciudadanos colombianos”, aseguraron a través del comunicado.

El Hatillo es una comunidad rural ubicada en el corregimiento La Loma del municipio del Paso, en el centro del departamento del Cesar, y está rodeada por cinco minas a cielo abierto (El Hatillo, Calenturitas, La Francia, El Descanso y Pribbenow-La Loma) y una planta extractora de aceite de Palma.

Según el comunicado, estas empresas han provocado graves afectaciones a la salud, los medios de vida y el ambiente como consecuencia de los altos niveles de concentración en el aire de material particulado del carbón y la alteración a los ecosistemas, en especial de las fuentes hídricas, situaciones que llevaron a que el Ministerio de Ambiente ordenara a las empresas reasentar las comunidades aledañas a las minas, mediante las Resoluciones 970 y 1525 de 2010 que modifican el Plan de Manejo Ambiental de la operación minera.

Además, cuentan que las afectaciones a la salud, los medios de vida y el ambiente han tenido impacto diferencial en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes se han visto obligados nacer, crecer y vivir en un ambiente contaminado, sin los derechos que como población infantil les asiste, como lo señaló el Comité de Derechos del Niño en el 2015, que exigió al Estado Colombiano y a las empresas, entre otras cosas, llevar a cabo evaluaciones y planes para mitigar los impactos de las actividades empresariales en el medio ambiente, la salud y los derechos humanos de los niños en El Hatillo, asegurando su pronto reasentamiento de conformidad con las normas internacionales, y los indemnice adecuadamente.

Luego de un largo proceso de concertación en condiciones asimétricas de poder entre las empresas y la comunidad vulnerada, en 2018 se firmó el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), que señala que éste se haría efectivo en un plazo de diez años, con un período inicial de cinco años durante el cual se deberían surtir contratos de transacción sobre las compensaciones y otras medidas para resarcir los daños causados.

Sin embargo, las medidas compensatorias acordadas dentro del PAR se vieron suspendidas a dos años de haber sido firmadas, por cuenta de la decisión en octubre de 2020 de la empresa Colombian Natural Resources (CNR) de someterse a un proceso de reorganización empresarial, bajo la Ley 1116 de 2006, con el argumento de una insolvencia que impide el cumplimiento de obligaciones contraídas con los acreedores.

Las comunidades del centro del departamento del Cesar necesitan de la solidaridad nacional e internacional para que este caso no quede en la impunidad, sean restituidas en sus derechos y se lleve a cabo el reasentamiento en los términos dispuestos en las órdenes administrativas y conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

• Asegurar el cumplimiento efectivo de las órdenes administrativas emitidas en las Resoluciones 970 y 1525 de 2010 proferidas por el Ministerio de Ambiente.
• Adelantar el seguimiento y evaluación permanente del proceso de implementación del Plan de Acción para el Reasentamiento (PAR) acordado en desarrollo de las Resoluciones 970 y 1525 de 2010, como parte de la revisión de la validez y confiabilidad del Plan de Manejo Ambiental.
• Garantizar el derecho a la salud y la alimentación adecuada de la comunidad, especialmente de niños, niñas y jóvenes que se verán afectados por la suspensión de las medidas de restablecimiento de las condiciones de vida de la población ordenadas en las resoluciones mencionadas.
• Realizar el seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño en 2015 al Estado colombiano, pues en el contexto minero el derecho a la salud, al ambiente sano, a la educación, a la recreación, entre otros, no son reconocidos ni tenidos en cuenta.
• Verificar y garantizar la implementación y el cumplimiento de las obligaciones de orden técnico, social y ambiental exigibles dentro de los planes de cierre de minas y los instrumentos ambientales dispuestos en la legislación minera nacional.
• Prevenir que la suspensión de actividades y cierres anticipados de minas motivados por la declinación de la demanda mundial de carbón, y específicamente en Europa, resulten en el desconocimiento de las obligaciones adquiridas por las empresas, la evasión de la reconstrucción y reparación integral del territorio y omitan la integración efectiva de los actores interesados y afectados por la minería de carbón.
• Avanzar en la ampliación normativa y la formación de capacidades institucionales en materia de cierre de minas que permita responder al interés público nacional y local, que promueva la participación social, valore las afectaciones en todas las dimensiones del territorio, defina las responsabilidades y derechos del sector público, las comunidades locales, los trabajadores, las empresas y países importadores para asegurar el financiamiento, la gestión y la adecuada evaluación del proceso.
• Avanzar en la adopción de medidas administrativas y legislativas progresivas que obliguen a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos y resarcir los daños causados de manera oportuna y adecuada, para que este tipo de situaciones como las que están ocurriendo en el Cesar no se vuelvan a repetir.

Finalmente, según el manifiesto, la comunidad requiere que el Estado colombiano haga cumplir plenamente las obligaciones que tienen las empresas mineras. “A su vez, llamamos a las entidades nacionales, regionales y locales a que atiendan esta situación con celeridad, utilicen los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para que se respeten y protejan los derechos humanos por encima de los intereses financieros de las corporaciones transnacionales”.

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