Capturan a dos implicados más en la red criminal de Ramón Palomino

Esta semana se informó que, Ramón Palomino, hermano del retirado general de la Policía Nacional Rodolfo Palomino, había sido capturado tras ser acusado de comprar y vender viviendas y lotes con documentos falsos. La Fiscalía General de la Nación confirmó que otros dos integrantes de la red criminal de estafadores.

Según reportó el ente de control, la Policía Judicial habría capturado a los dos supuestos integrantes de la banda delictiva de Palomino en operativos ejecutados en Bogotá. Los dos hombres están identificados como José Asdrúbal Trujillo Pinilla y Nicolás Joel Trujillo Murillo

Las dos personas capturadas, al igual que Palomino, tendrían que enfrentar cargos por delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, obtención de documento público falso, estafa agravada, hurto calificado y agravado, y usurpación de inmuebles.

Según explicó la Fiscalía, los señalados integrantes de esa organización, que se denominaba como ‘Los Oportunistas’, “con engaños, lograban documentos públicos falsos como escrituras y así procedían a vender a terceras personas los bienes que no les pertenecían”.

La Fiscalía, que ahora procederá en el caso, aseguró que tenía ‘abundante material’ para inculpar a estas dos personas en acciones que pretendían generar ingresos económicos bajo estafas a propietarios de viviendas o lotes desocupados cuando estos estos se encontraban fuera de la ciudad, o cuando, por necesidad, alegaban tener problemas económicos. La banda se aprovechaba de ello, incluso, según los investigadores en el caso, los supuestos integrantes de la organización lograron iniciar acciones civiles para acreditar posesión de inmuebles.

Específicamente, la Fiscalía resaltó casos particulares como uno que ocurrió en el 2011, que directamente involucró el nombre de Ramón Palomino, “el hoy procesado, supuestamente, aprovechó su vínculo familiar con el entonces director de la Policía Metropolitana de Bogotá y convenció a una mujer para que le otorgara un poder y así levantar una hipoteca que pesaba sobre una casa (...) Con esta autorización, presuntamente radicó escrituras falsas en una Oficina de Instrumentos Públicos y tituló la vivienda a otra persona que haría parte de la organización delincuencial y posteriormente el inmueble fue vendido por 300 millones de pesos a un tercero, pero el bien no se entregó. Además, la propietaria real nunca recibió dinero”.

Un caso parecido ocurrió con un lote cercano a esa casa, según los investigadores de la Fiscalía, ese terreno fue vendido por $135 millones un año después del lío legal de la casa de la mujer en el 2011. El lote estaría a nombre de uno de los integrantes de esa organización delictiva.

El fiscal delegado del caso también relató que incluso, en plena época de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, la banda encabezada por Ramón Palomino habría hecho un negocio ilegal con una vivienda en Bogotá. La casa sería de una familia que, a causa de la pandemia, se habrían ido para Huila para pasar allá el periodo de aislamiento preventivo obligatorio declarado por el Gobierno de Iván Duque en el segundo trimestre del año.

Por su parte, mientras se adelantan los procesos legales en contra de los dos nuevos capturados, Ramón Palomino, quien fue detenido por las autoridades mientras se encontraba en San Gil, Santander, ya aceptó los cargos de estafa, hurto y falsedad en documentos, situación por la que se le declaró detención domiciliaria.

Según el juez, aunque era prudente enviar a Palomino a prisión por riesgos de una posible fuga, la decisión de enviar a Palomino a pagar casa por cárcel habría sido bajo una petición que hizo la Fiscalía, en la que se alegó que “las medidas no privativas de la libertad no eran suficientes para evitar un riesgo para la sociedad y el mismo proceso”.

“Aquí la Fiscalía es la titular de la acción penal, y fue la medida que pidió ese organismo. Por eso el juez no puede imponer una medida más invasiva que no fue pedida por la Fiscalía”, argumentó el juez. Según el funcionario, la libertad de Palomino sí representaría un peligro para la sociedad pues, “la comunidad no puede estar segura cuando sale de su casa y resulta que cuando regresa encuentra que el inmueble de su propiedad ya no lo es, y que allí están viviendo otras personas que dicen ser arrendatarios”.

La fiscalía presume que, en total, habrían seis personas involucradas en estos actos criminales, sin embargo, todavía se desconoce su paradero.