Por el escándalo por los errores en la construcción de la central eléctrica de Ituango (Hidroituango) en el corregimiento de Puerto Valdivia, en el Departamento de Antioquia, el pasado 11 de diciembre se instaló la mesa de conciliación que pretende solucionar la situación de la emergencia entre los involucrados: la EPM y la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, las discusiones entre el presidente y el vicepresidente de la EPM se han ubicado en el tema de conversación de los últimos días.mos días.
D’arcy Quinn, en su sección de secretos en Caracol Radio, informó que sí habría conciliación, que no habría demanda, pero que, al mismo tiempo, el vicepresidente jurídico de EPM, Alexander Sánchez, se había mostrado en desacuerdo y que, además de eso, estaba siendo ignorado pues, no lo habían invitado a las sesiones de diálogo de conciliación.
Para ratificar, la periodista de esa emisora, quien además confirmó que la audiencia de conciliación se había aplazado para el seis de enero, aseguró que se había comunicado con ambas partes involucradas, quienes le dieron versiones diferentes de los hechos.
Para empezar, la comunicadora aseguró que voceros de la EPM se había comunicado con ella para desmentir lo dicho por Sánchez pues, según esas fuentes, el vicepresidente sí había sido citado pero que no había ido porque tenía una licencia por cumplir.
Quinn, que se comunicó con Sánchez para rectificar la información, comentó, en su intervención en la emisora, que el funcionario le había confirmado que, en efecto, ese día había tenido una licencia, lo que le había permitido presentarse a la sesión pero que, sin embargo, para el día de la conciliación, el ya le había informado al presidente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, que estaba bajo su disposición para cualquier orden y que, aún así, no había sido citado.
En respuesta a ello, según le comentó Sánchez a la comunicadora, el vicepresidente jurídico aseguró que había enviado una carta al procurador para manifestarle que quería enterarse de todos los detalles del proceso de la conciliación, a pesar de que no estaba siendo citado.
Alexánder Sánchez, quien además se mostró en desacuerdo con la idea de conciliar sin demandas, aseguró que era necesario interponer un proceso legal en contra de los contratistas encargados de la realización de la represa de Hidroituango que venía presentando fallas, y que puso en alerta al país desde abril del 2018, cuando se encontró un taponamiento en los túneles en la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), situación que desataría el caos que llegó después.
Según los sectores que pretenden llevar el proceso sin necesidad de demandas, entre ellos el presidente de la EPM Álvaro Guillermo Rendón, los pasos a seguir tienen que ver con el cobro del dinero del seguro que se ofrecen por la emergencia a modo de indemnización, para así, buscar soluciones lejanas a las instancias legales que puedan alargar más el proceso, según explicó la periodista.
En exclusiva, Sánchez le manifestó a Quinn que no descartaba la idea de renunciar de su cargo al ser testigo de las decisiones unilaterales que estaba haciendo su jefe, el presidente de la EPM.
La demanda, recurso con el que está de acuerdo Alexander Sánchez, busca hacer que los contratistas que estuvieron a cargo del diseño, creación y funcionamiento de la represa paguen una cifra de $9,9 billones, es decir, en caso de llegar a esta instancia, la millonaria suma tendría que ser saldada por el Consorcio Generación Ituango (Integral - Solingral), el Consorcio CCC Ituango (conformado por Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.), el Consorcio Ingetec y Sedic, las empresas aseguradoras Seguros Generales Suramericana y Chubb Generales Seguros.