La Defensoría del Pueblo dio a conocer, este lunes 21 de diciembre, 33 recomendaciones para evitar que se presenten hechos violentos durante el ejercicio del derecho a la manifestación pública en todo el país.
“Las recomendaciones son el resultado de 26 mesas de trabajo convocadas por el Defensor del Pueblo, en cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia STC7641 -2020, que ordena adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva. En dichas mesas participaron representantes de la sociedad civil como accionantes de la tutela, plataformas de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, academia, expertos constitucionalistas, entidades públicas y fuerza pública, entre otros”, aseguró la Defensoría a través de un comunicado dado a conocer en su cuenta de twitter.
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Las recomendaciones están dirigidas a la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional y la propia Defensoría del Pueblo.
El organismo de control dio a conocer que dentro de sus consejos “está la implementación de herramientas tecnológicas como mecanismo de vigilancia y grabación dentro de las patrullas y medios de transporte”.
Aseguró que, también recomienda la instauración de cámaras de grabación en los cascos del ESMAD, “con el fin de revisar la actuación policial antes y durante la protesta”. Además de “la institucionalización del uso de drones para que registren los hechos durante las intervenciones”.
Sumado a esto, la Defensoría aseguró que también se contemplan en las recomendaciones, “la investigación y sanción a aquellos policías que violen el derecho de los ciudadanos a grabar con sus celulares los incidentes.”
Según el documento dado a conocer por la entidad pública, se les recuerdan a la Procuraduría, Fiscalía y a la Inspección General de la Policía Nacional, “que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos sin excepciones. Y se pide acelerar las investigaciones sobre los actos de violencia denunciados, exigiendo sanciones ejemplares para los motivadores”.
Por otro lado, dentro de las recomendaciones resalta el que se realice una mayor vigilancia y acompañamiento por parte del Ministerio Público en la revisión de los CAI y las Estaciones de Policía, “para verificar la legalidad de los procedimientos, el uso adecuado de los elementos del servicio y el respeto de los DD. HH. por parte de los integrantes de la Policía”.
En otros de los avisos dirigidos a la Policía, la Defensoría señaló que se debe revisar el currículo académico de la Escuela de Formación “en lo referente al derecho a las marchas y la capacitación a todo el personal en protocolos de actuación en manifestaciones públicas”.
“Otro resultado de las 26 mesas de trabajo convocadas por el Defensor del Pueblo, es que la Defensoría tendrá mayor presencia y acompañamiento durante las protestas pacíficas, al tiempo que liderará la creación de canales de comunicación con las plataformas de Derechos Humanos”, aseguró la institución en el comunicado.
Al mismo tiempo afirmó que la Defensoría asumirá “la obligación de articular con las autoridades regionales y locales, actividades de capacitación y pedagogía en Derechos Humanos, acompañamiento y manejo de disturbios a los integrantes de la Policía”.
La institución concluyó afirmando que adelantará campañas sobre los derechos de reunión y manifestación pública, para prevenir la estigmatización de todos aquellos que participen en las protestas, en particular de líderes y lideresas sociales.
“La Defensoría encontró que se hace necesario generar espacios de diálogo para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad y para ello trabajará a nivel nacional y regional con socios estratégicos para tal fin”, afirmó la entidad, al mismo tiempo que sostuvo que, junto a la Procuraduría y la Personería “coordinarán el acompañamiento de los participantes en las manifestaciones públicas”.
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