Por la intervención del celular de Álvaro Uribe Vélez, exmagistrado José Luis Barceló deberá responder ante la Comisión de Acusación

Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer expresidente de la historia del Colombia en ser detenido, y quedar bajo medida de aseguramiento al ser privado de su libertad bajo el recurso de casa por cárcel. El exmagistrado José Luis Barceló fue el responsable de ello y, ahora, es él quien se enfrenta a la ley por denuncias de la defensa de Uribe por, supuestamente, haberlo involucrado injustamente con pruebas falsas e ilegales.

“Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”, explicó en su momento el expresidente Álvaro Uribe, quien estuvo detenido en su finca durante 67 días.

El martes 15 de diciembre, tras denuncias de supuestas irregularidades sobre la investigación que envió a Uribe a pagar poco más de dos meses de casa por cárcel por “pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos e interceptaciones telefónicas que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo y fraude procesal”, el exmagistrado Barceló fue citado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para responder por, supuestamente, haber conseguido las pruebas que involucraron a Uribe, en esos crímenes, de manera ilegal. La cita se fijará en el 2021.

“El despacho pudo constatar que dentro del proceso número 51699 se ordenó la interceptación telefónica al abonado del Doctor Álvaro Uribe Vélez, la cual fue ordenada, mediante auto del 7 de marzo de 2018 suscrito por el Magistrado José Luis Barceló Camacho”, dice la sentencia.

El periódico El Tiempo tuvo acceso a detalles de las alegaciones que interpuso Álvaro Uribe en su defensa para asegurar que Barceló habría vulnerado sus derechos. A través de su abogado David Espinosa, el expresidente y exsenador del Centro Democrático se declaró víctima de los hechos.

Barceló tendrá que rendir cuentas por denuncias del actual representante Ricardo Ferro, quien calificó la investigación de Barceló como ilícita por las interceptaciones hechas a las comunicaciones del expresidente.

Según fuentes consultadas por ese medio colombiano, Uribe aseguró que uno de los detalles que más le llamaban la atención era el de la “celeridad histórica” con la que se actuó frente al caso de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo en contra de Uribe, quien alegó que estaba siendo presionado.

Monsalve es uno de los delincuentes más custodiados del país, como lo aseguró ese periódico, tras servir como una de los testigos clave en la investigación contra Uribe, incluso, en medio del proceso contra el expresidente, Monsalve denunció atentados en contra de su vida y la de su esposa. Habló, específicamente, de que los querían envenenar.

Además de ello, según Uribe, quien también denunció que incluso cuando quedó en libertad seguía interceptado, “lo que realizó Barceló antes de entregar el caso (que constitucionalmente nunca debió tener) fue permitir que ingresaran al expediente múltiples interceptaciones a mi teléfono, pero no porque legalmente se hubiera ordenado mi interceptación, sino porque en otro proceso, supuestamente escuchando al representante, me había interceptado por “error” (...) según Barceló, no se dieron cuenta sino mucho después”.

Ese “otro proceso”, al que se refiere Uribe es el de Nilton Córdoba, un congresista chocoano que, al mismo tiempo, estaba siendo investigado por, supuestamente, estar implicado en el escándalo del Cartel de la Toga, una organización ilegal de funcionarios que direccionaba procesos judiciales a cambio de sumas millonarias.

Mientras se hacía la investigación en su contra, y se interceptaban sus llamadas, el teléfono de Uribe también cayó ahí, situación que los investigadores en el caso definieron como “un error”. Aún así, habiendo declarado que era un error, en lugar de parar de escuchar las llamadas de Uribe, el teléfono siguió interceptado.

“Nunca he entregado el teléfono del doctor Álvaro Uribe a la Corte Suprema y lo más diciente es que los magistrados de la Sala Penal me escucharon en versión libre en mayo, momento en el que entregué mi información personal y la Corte está diciendo que chuzó al senador Uribe en abril”, aseguró Córdoba cuando se le cuestionó frente al caso.

Uribe aseguró que, “con esta breve contextualización, demostraré cómo Barceló vulneró de manera consciente y voluntaria varias disposiciones legales, lo que se puede adecuar al delito de prevaricato por acción, con el único propósito de encarcelarme injustamente”. En caso de ser confirmado, Barceló podría pagar hasta ocho años de cárcel.

Barceló aseguró, en su momento, que eso no se habría tratado de un error, sino por el contrario, “se trató de un hallazgo inevitable, se entendía que ese número era el contacto para notificarle a Córdoba sobre los asuntos que cursan en contra de él y por eso se tuvo en cuenta para el monitoreo. Eso no es un error judicial”.

Esto último fue contradicho por el analista del CTI, Óscar Álvarez, quien aseguró que se había advertido la existencia de ese “error”, y que se había avisado oportunamente.

En el momento de la denuncia a Barceló, el exmagistrado explicó que “la Corte no interviene de manera ilegal; si lo hace, lo hace de manera legal, como lo dice la ley. Ahora se dice que hay una denuncia en contra nuestra; expondremos nuestros argumentos y la Comisión hará la respectiva investigación”.