La violencia reproductiva por parte del Estado: otra verdad pendiente en el posconflicto colombiano

Según la Comisión de la Verdad, los abortos forzados dentro de la filas de las extintas Farc-EP eran la práctica reproductiva violenta más reconocida. Sin embargo, en Colombia, el Estado también ha sido responsable de actos como anticoncepción, esterilización, maternidad y embarazos forzados y abortos involuntarios consecuencia de las aspersiones con glifosato. Un hecho común hace referencia a jóvenes víctimas, muchas de ellas entre los 13 y 17 años, que eran seducidas por militares, quienes las abandonaban luego de quedar embarazadas. Aquellas que decidieron abortar se enfermaron de gravedad durante procedimientos clandestinos o, incluso, perdieron la vida.

Las violencias reproductivas, señala el Centro de Derechos Reproductivos, son “toda vulneración a la capacidad de las personas de decidir si quieren o no tener hijos y en qué momento”, además, se debe tener en cuenta el acceso a la información y los servicios de salud que hacen efectivas estas decisiones.

Alejandra Miller, comisionada, señaló que estas violencias convierten el cuerpo de las víctimas en “territorio de imposición de normas”, una extensión del dominio que ahora recae sobre su sexualidad y la decisión alrededor de la reproducción. Además, aseguró que se han recolectado 912 testimonios de mujeres víctimas de violencias sexuales, entre ellos, 36 casos de violencias reproductivas.

A su vez, Tatiana Sánchez, investigadora de la Universidad Javeriana, reiteró que soldados nacionales y extranjeros llegan estratégicamente a comunidades para enamorar a mujeres jóvenes y obtener información. Muchas veces, quedan embarazadas y los miembros de la fuerza pública no asumen ninguna responsabilidad. Este enamoramiento, explicó Sánchez, es un arma de guerra que debe ser desnaturalizado y considerado como una práctica institucional violenta que atenta gravemente contra las mujeres.

El Centro de Derechos Reproductivos también aseveró que, durante el conflicto armado, a las víctimas de violencia sexual se les negó el derecho a la información o a la interrupción voluntaria del embarazo. El personal de salud no cumplió con los protocolos legales y/o estigmatizó a quienes buscaban estos servicios ante embarazos producto de una violación. Asimismo, Juliana Laguna, abogada de Women’s Link Worldwide, explicó que el Estado también cometió estas violencias reproductivas al forzar la maternidad en el marco restrictivo de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que existe hace 14 años en un conflicto de más de 50 años.

Otra forma reconocida de violencia reproductiva institucional son los casos de abortos involuntarios como resultado de las aspersiones con glifosato. El Centro de Derechos Reproductivos, junto a la Universidad del Valle, señaló en un estudio que la exposición a este herbicida puede afectar la fertilidad, el crecimiento fetal y causar posibles discapacidades en el feto durante el embarazo.

Iván Medina, esposo de una de las víctimas, relató que su esposa, Yaneth Valderrama, de 27 años, fue alcanzada durante una fumigación con glifosato cuando lavaba ropa en el patio de su finca. Pese a que Yaneth corrió cuando escuchó los aviones, no alcanzó a entrar a su casa. En horas de la noche, Yaneth le aseguró a su esposo que se sentía muy enferma y tenía cólicos muy fuertes. Se dirigieron al hospital. Los médicos aseguraron que era necesario hacer un legrado. Tres días después Yaneth tuvo que ser trasladada a la Fundación Valle de Lili en Cali, donde murió. La familia tuvo que remitir el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en Colombia no fue posible hacer justicia.

Juliana Laguna reiteró que aun no existe una condena por estos hechos de violencia a nivel nacional e internacional. Por ello, la verdad, justicia y reparación a estas víctimas ha sido limitada. El país ha reconocido el aborto forzado en las Farc-EP como la práctica más común, que, pese a las declaraciones de los responsables, dejan un vacío respecto a otras modalidades que han atentado contra los cuerpos de las mujeres.