El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Colombia y el Peace Research Institute of Oslo (Prio) realizaron 12.000 entrevistas en zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) para identificar las percepciones de los pobladores sobre el Acuerdo de Paz y su implementación. Uno de los objetivos apunta a optimizar la política pública amplificando la voz de los habitantes de zonas remotas en el país. Según los resultados, el 70% de las regiones ya no cuenta con presencia de grupos armados, contrario al 30% restante en donde, incluso, se ha intensificado su accionar.
Los datos del informe ‘Luces y sombras de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia: actitudes y percepciones en los territorios Pde‘ demuestran que, después de tres años de la implementación de los acuerdos, el 38% de los encuestados aseguraron estar satisfechos, pero el 58% manifestaron lo contrario. Además, entre los actores que generan más confianza en los pobladores están las Juntas de Acción Comunal, las autoridades indígenas y la Iglesia Católica. Asimismo, el 40% aseguró que algún miembro de su familia ha sido víctima de secuestro, homicidio, violencia sexual, entre otros hechos. Las cifras señalan que los más afectados han sido los indígenas y la comunidad afrodescendiente. En materia de desplazamiento forzado, más de la mitad de los pobladores han sido víctimas de este delito.
La reducción de la presencia de grupos armados ilegales fue más significativa en el sur del Tolima, zona en la que dicha influencia pasó de 75% a 19%, Montes de María, que pasó del 69% a 17%, y el sur de Bolívar, con una disminución del 36%. Pero, en Arauca, Macarena-Guaviare, el Pacífico, la frontera nariñense, el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el Norte del Cauca la presencia aun es preocupante. Así, los resultados señalan que para más de un millón de colombianos, el conflicto y la guerra aun persisten. Por ello, el análisis asegura que tener en cuenta las percepciones de las víctimas y los pobladores de las zonas priorizadas nutre la política pública de la paz.
El estudio desglosado indica que las mujeres se muestran más satisfechas con la implementación de los acuerdos, igual que la población mayor. Desde el enfoque étnico, la comunidad afrodescendiente es la menos conforme, seguida de los indígenas. En materia territorial, el 42% de los habitantes de los centros poblados asegura estar satisfecho, contrario al 35% de los pobladores de las cabeceras municipales. Esto le permitió a los analistas clasificar los territorios PDET en cuatro grupos de menor a mayor nivel de satisfacción:
Además, también se evaluó la implementación del acuerdo en cuanto a sus diferentes temáticas. El nivel de satisfacción muestra que los avances más valorados son la entrega de subsidios para la sustitución de cultivos con un 44%, la justicia y reparación de víctimas con 43%, la construcción y mejora de las vías rurales con 41% de conformidad y la mejora en la seguridad para las mujeres, que respetó el 40% de aprobación. Asimismo, la mayoría de los encuestados señala que la salud y la educación son sus prioridades, por encima de la construcción de vías y contratación de policías. En este punto, el análisis señala que es necesaria la contribución de los Ministerios sectoriales para lograr la transformación significativa en estos territorios.
La satisfacción en verdad, justicia y reparación a las víctimas ocupa el segundo lugar entre los aspectos más valorados de la implementación de los acuerdos. Las zonas que representan mayores índices de conformidad son la Sierra Nevada-Perijá, los Montes de María, el Pacífico y la frontera nariñense, el sur de Bolívar, el Norte del Cauca y el Urabá antioquieño. Los índices más bajos se dieron en la Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño, el Catatumbo, Arauca y Putumayo.
Dados lo anteriores resultados, el informe sugiere impulsar la implementación integral de los acuerdos con el fin de transformar los territorios a través de estrategias como los PDET; redoblar los esfuerzos para la protección de líderes sociales y excombatientes y profundizar la agenda de investigación y análisis con las cifras obtenidas optimizar la puesta en marcha del Acuerdo de Paz y contribuir “a una Colombia pacífica e incluyente”.