El pasado viernes 4 de diciembre, llegó a Colombia el exjefe anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación Luis Gustavo Moreno, en calidad de deportado de los Estados Unidos donde pagaba una condena por delitos relacionados con conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.
Moreno fue inicialmente trasladado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía, luego de ser deportado al país. Allí, esperaba ser trasladado al lugar donde pagará la condena y la orden de juez de garantías fue que sería en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo).
Sin embargo, el general Óscar Atehortúa aclaró que el Cespo es un centro de estudios y no de reclusión, por lo que no es apto para recibir al exfiscal anticorrupción.
“Nosotros dimos respuesta que Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión, por supuesto eso se lo respondimos al INPEC que nos hizo el requerimiento, ellos tienen más de 132 establecimientos carcelarios para ponerlos a disposición. Cespo no está adaptado en este momento y tenemos solamente la infraestructura para educar, capacitar y entrenar a nuestros oficiales de Policía en los diferentes grados en los cursos de capacitación para ascenso”, sostuvo Atehortúa.
Ante ese panorama la posibilidad que queda es que Moreno se vaya a pagar su condena a un cárcel común, por lo que decidió radicar una tutela.
En el documento, su defensa expone los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
Además, la tutela hace un listado de los privados de la libertad que están y han estado en el Cespo como Andrés Camacho, exdirector de IDU; general Mauricio Santoyo; general Flavio Buitrago; el exconcejal Orlando Parada, entre otros.
Moreno además insiste que su integridad personal está en riesgo puesto que ya ha recibido muchas amenazas. Reseña que al ser Cespo una guarnición militar se le brindan más garantías a su seguridad, puesto que en las cárceles están algunas personas que fueron cobijadas con medida de aseguramiento, teniendo en cuenta las declaraciones que él rindió.
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“Lo que se evidencia es una extraña discriminación por parte de los accionados contra el señor MORENO RIVERA. Esta incomprensible posición de los accionados indudablemente es un pésimo mensaje hacia la sociedad, que espera de su Policía que cumpla los postulados constitucionales de defender la vida, honra y bienes de los coasociados, no que discrimine e impida la protección de la vida de un ciudadano más”, argumenta la tutela a la que tuvo acceso Blu Radio.
El exfiscal anticorrupción cumple una condena de seis años de prisión tras reconocer su responsabilidad en tres delitos por el ‘Cartel de la Toga’ y mantiene un acuerdo con la Fiscalía para encontrar a los altos dignatarios de la justicia colombiana que habrían participado en este.