Conceden libertad bajo periodo de prueba al hacker Andrés Sepúlveda

En un inesperado giro de eventos, el juez 22 penal del circuito de Bogotá ordenó dejar en libertad al hacker Andrés Sepúlveda en la tarde del 18 de diciembre de 2020. El especialista informático había recibido una condena de diez años en 2015 por hechos relacionados con interceptaciones ilegales durante las negociaciones de paz y las elecciones presidenciales de 2014.

De acuerdo con el togado, Sepúlveda ha cumplido hasta hoy con tres quintas partes de la pena, por lo que tiene el derecho a recuperar la libertad, siempre y cuando cumpla con un periodo de prueba de 36 meses y 18 días —el tiempo que le falta para completar los 10 años iniciales— en los que demuestre buen comportamiento.

La decisión judicial se presenta cuatro meses y seis días después de que el mismo juzgado revocara un auto expedido por el juzgado 15 de ejecución de penas, en el que se le negaba la petición de libertad condicional al “pirata informático”, que pagaba una pena por delitos de acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos agravado, uso de software malicioso de instrumento privado y espionaje, impuesta por el mismo juzgado que acaba de dejarlo en libertad.

En el documento de 21 páginas que ratifica la decisión, publicado por W Radio, puede leerse que la decisión se toma en concordancia con los requisitos exigidos el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la ley 1709 del 20 de enero de 2014, junto con las condiciones del artículo 471 del CPP, donde además de las tres quintas partes de la pena, también se habla de no haber sido condenado por daños y perjuicios.

Además, la misma decisión reconoce que Sepúlveda no tiene sanción disciplinaria alguna y que, incluso el centro penitenciario donde pagaba condena, es decir la Cárcel La Picota, “conceptuó favorablemente la libertad condicional del interno”. Otros factores incluyen la capacidad del padre del hacker, Moisés Sepúlveda, para apoyarlo en su proceso de reinserción social.

Vale recordar que, Andrés Sepúlveda fue capturado el 6 de mayo de 2014 en una oficina en el norte de Bogotá bajo la sospecha de obtención ilegal de información confidencial, relacionada con dirigentes políticos, guerrilleros de las Farc y funcionarios del Gobierno Nacional de la época, relacionados con los diálogos de paz. Todo, con el objetivo de sabotear las negociaciones de paz y, de paso, enlodar la imagen pública del entonces presidente de Colombia, en favor de su contrincante en las elecciones presidenciales de ese año, Óscar Iván Zuluaga.

Como bien señala el documento que sentencia su libertad condicional, el exasesor del mismo presidente Santos durante la campaña de 2010 y colaborador del estratega político JJ Rendón, “reconoció haber comprado correos electrónicos pertenecientes a miembros de las Farc que estaban en negociaciones de paz en La Habana, Cuba, durante el proceso de paz, así como haber comprado información militar privilegiada correspondiente a guerrilleros desmovilizados de las FARC y el ELN con el objeto de analizarla, perfilarla y posteriormente venderla al mejor precio”.

Esta última, se usó para construir el sitio web Diálogos a voces, en el que Sepúlveda y su grupo de trabajo publicaban los datos sobre los negociadores del extinto grupo armado. Este portal, y su aparición en un video clandestino en el que el hacker aparece mostrándoselo al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el asesor espiritual de su campaña, Luis Alfonso Hoyos, resultaron determinantes para la condena del pirata informático.

No hay que olvidar que el proceso de condena del hacker fue largo y tedioso, pues en principio fue necesario dejarlo en libertad el 9 de junio de 2014 y hasta anular la imputación de cargos por errores cometidos durante la misma, al no existir materiales probatorios de los delitos por los que se le acusaban. La Fiscalía lo recapturó al día siguiente bajo cargos de concierto para delinquir, lo que empezó el proceso que finalmente lo llevó a La Picota.

Durante el juicio, Sepúlveda se mostró colaborativo e incluso ofreció información que concluyó en la apertura de investigaciones a por lo menos trece personalidades de las esferas política y militar colombianas, incluyendo a los propios Zuluaga y Hoyos, que al final salieron absueltos.

En los últimos meses, el hacker estuvo pujando por su libertad, e incluso trató de incluirse entre los casos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, alegando que el suyo se relacionaba con el conflicto armado y podría servir para sentar un precedente.

Aunque esta opción le fue negada, el hacker está, hoy, un paso más cerca de probar la libertad.

Lee también: Colombia supera las 40 mil muertes y registra 13.277 nuevos contagios por COVID-19