Denuncian el asesinato de un líder social en Andes, Antioquia

No cesa la violencia y los ataques a líderes sociales en Colombia. En la noche de este jueves 17 de diciembre fue asesinado Alirio de Jesús Serna Sierra, un hombre de 55 años de edad quien era gestor de proyectos comunales en la vereda La Esperanza del corregimiento San José del municipio Andes en Antioquia. Hombre armados llegaron a su vivienda ubicada en el mismo lugar donde ejercía su obra social, le dispararon y falleció de inmediato. Durante el ataque también resultó herido un adulto mayor de 98 años.

Organizaciones sociales piden que se esclarezca el hecho y se le brinde protección a la esposa de Serna, quien no estaba en la vivienda en el momento del ataque, pero corre peligro ya que es la actual presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza. Las entidades también piden que se declare la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño porque la violencia está volviendo a reinar en la zona.

“En diversos escenarios hemos advertido acerca del control de estos grupo y cómo la ingobernabilidad generada por la estrategia de omisión del Presidente y del Gobernador de Antioquia nos lleva deliberadamente al abismo de la violencia. Las respuestas institucionales parecen un manual que determina una carrera de errores intencionales que no buscan acabar ni desmantelar un paramilitarismo dominante e imponente del terror en los territorios”, manifiestaron las organizaciones.

Con este caso, ya son 295 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías Defensores de Derechos Humanos de Antioquia piden que el Gobierno Nacional intervenga urgentemente para que cese la violación a los derechos humanos en el país y se respete la vida.

En un documento de la organización, se alerta sobre posibles hechos de violencia contra la población como: homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, ataques contra la población, enfrentamientos armados, intimidaciones, desplazamientos forzados masivos e individuales, reclutamiento, entre otros hechos de violación y vulneración de derechos humanos.

El 15 de diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades tomar “medidas concretas para proteger a la población” ya que la organización que representa registró 66 masacres en Colombia, con un resultado de 255 muertes y el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos desde principios de 2020.

Según Bachelet, a estas cifras hay que añadir el asesinato de 244 excombatientes de las FARC desde el acuerdo de paz de 2016 entre este grupo armado rebelde y el gobierno colombiano.

“Lamentablemente, la violencia se ha trivializado en Colombia después de décadas de conflicto armado, pero nadie debería aceptarlo. (...) Hago un llamamiento a las autoridades colombianas para que tomen medidas más fuertes y mucho más eficaces para proteger a la gente de esta violencia abyecta y generalizada”, dijo Bachelet.

El gobierno colombiano respondió a esta denuncia de Bachelet y aseguró que no ese está normalizando la violencia en el país y ya se han tomado medidas. Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, dijo que “la protección de la población es la prioridad de la estrategia de seguridad dirigida directamente por el presidente Iván Duque en las regiones más afectadas por la criminalidad, derivada de las economías ilícitas”.

Gutiérrez sostuvo que el Gobierno ha delineado tres medidas para enfrentar el flagelo de la violencia en Colombia. “Primero, atender con urgencia las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Segundo, intensificar el control militar de área para denegar espacios a los grupos armados organizados que atacan a los líderes sociales y afectan a las comunidades. Y tercero, desarticular dichas organizaciones”, explicó.

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