El pasado 9 de diciembre, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, confirmó la adjudicación del proyecto de conectividad rural más grande en la historia del país.
“Los grandes ganadores de esta adjudicación son los niños y niñas de las escuelas públicos de las zonas más apartadas del país. Hoy logramos aumentar las expectativas que teníamos, pues ya no serán 10.000 sino 14.745 las instituciones educativas beneficiadas de nuestras áreas rurales y lo estarán hasta 2031”, explicó la ministra.
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La millonaria licitación para surtir de internet a miles de colegios rurales en el país, la ganó Comcel S.A. y UT Centros Poblados, que instalarán entre 2021 y julio de 2022 los Centros Digitales que llegarán a las regiones más apartadas del territorio colombiano.
Sin embargo, ya hay dudas sobre la capacidad y transparencia de los operadores seleccionados para esta titánica tarea. Este jueves, el medio colombiano La Silla Vacía, dio a conocer el camino de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados.
Según ese medio, son tres constructoras y una fundación quienes componen la UT y hasta ahí todo bien. Los cuestionamientos salen a flote una vez se indaga sobre el pasado de estas empresas.
La Silla Vacía expuso sobre ICM Ingenieros que “entre 2009 y 2010 pagó $800 millones en sobornos para ganar licitaciones en Bogotá, en el caso por el que condenaron al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz”.
Al parecer, esa empresa ganó dos jugosos contratos en el Distrito del condenado exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, tras el pago de coimas.
Sobre Intec de la Costa S.A.S., La Silla Vacía sostuvo que se trata de una empresa barranquillera que en 2018 tuvo cuestionamientos por un contrato para construir una vía y tiene las cuentas embargadas por un proceso judicial.
Otra empresa barranquillera es Omega Buildings Constructora, que tiene como único socio y representante legal a Juan Carlos Jubiz Rivera, con experiencia en proyectos de vivienda y construcción de edificios.
El medio apuntó sobre la Fundación Novotic, que fue la única en acreditarse experiencia en montar conexiones de internet en zonas rurales. “Pero en el pasado estuvo involucrada en escándalos justamente por irregularidades en la construcción de puestos de internet como los que tendrá que hacer ahora”, aclaró La Silla Vacía.
Esta fundación además tuvo cambios en junio 2020. El primero, fue que se cambió el nombre, antes se llamaba Funtic. Y el segundo, que cambió de representantes legales, el que había, Juan Carlos Cárdenas, estuvo al frente de los contratos cuestionados.
“En 20 contratos de Funtic (Novotic) que revisó la Contraloría reportó sobrecostos hasta de 65%, que llevaron internet a sitios donde ya había y cobraron por servicios que no prestaron”, expuso el medio digital.
El proceso de adjudicación fue dividido en dos regiones (A y B). La región A fue adjudicada al operador Comcel S.A., que conectará 7.468 Centros Digitales en los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés por valor de $1,06 billones.
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La región B fue adjudicada al operador UT Centros Poblados, que conectará 7.277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C. Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca. Chocó, Cundinamarca, Magdalena. Nariño, Putumayo, Quindío. Risaralda, Valle del Cauca y Vichada por valor de $ 1,07 billones.
“La adjudicación de este proyecto fue un proceso serio y transparente que se desarrolló en estricto apego a la contratación estatal. Este proceso es el resultado de un arduo trabajo, serio, objetivo, realizado a conciencia por parte del equipo interdisciplinario del Ministerio de las TIC y con las cualidades más altas éticas y profesionales”, señaló la ministra Abudinen.