El 17 de octubre de 2018, el general (r) Mario Montoya, suscribió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el acta de compromiso mediante la cual se comprometió a contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas. Pese a que las víctimas solicitaron a la JEP sacar al militar por no aportar la verdad, la Sala de Reconocimiento rechazó la petición.
El pasado 12 y 13 de febrero, Montoya entregó su versión por casos de ejecuciones extrajudiciales frente a 41 víctimas que terminaron rechazando la actitud con la que llegó el militar retirado a la audiencia. El general se negó a responder las preguntas que le hicieron los magistrados sobre los hechos que habrían sido responsabilidad de la Primera División del Ejército, en Cesar, que él tenía a su cargo.
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Según detalló El Tiempo, el general investigado alegó su derecho a guardar silencio, que fue tomado por las víctimas como un “contrasentido con su propósito de contribuir a la verdad”. Por eso le solicitaron formalmente ante la JEP la expulsión de Montoya.
Las víctimas señalan que “las manifestaciones hechas durante la versión voluntaria por el compareciente Mario Montoya Uribe se erigen como una burla a las víctimas y un fraude a la verdad, lo que constituye una violación al régimen de condicionalidad, lo procedente es la apertura del al incidente de incumplimiento del Régimen de Condicionalidad y su exclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la consecuente pérdida de todos los beneficios”.
En un texto, la Sala de Reconocimiento negó la solicitud argumentando que no es el momento procesal para avanzar en este estudio, ya que primero se debe terminar el proceso de contrastación de todo el acervo probatorio que incluye lo dicho en las versiones de los comparecientes.
“La Sala de Reconocimiento una vez recibidos los informes y contrastados con el acervo probatorio, considerando la versión voluntaria (...) deberá poner a disposición el resultado de dicha contrastación con miras a que los presuntos responsables tomen la decisión de ‘comparecer o no comparecer a efectuar el aporte de verdad y reconocimiento o no de responsabilidad o comparecer a defenderse de las imputaciones formuladas’”, señaló la JEP.
Así mismo, explican que Montoya Uribe señaló ante esa Sala que no se consideraba responsable de ninguna de las muertes ilegítimas que hubieran podido ejecutar “sus subalternos”. Al conocer las versiones voluntarias de algunos de ellos aseveró que, se trata de “retaliaciones porque los suspendí en funciones y atribuciones y los di de baja”. Respecto de cuyas actuaciones negó cualquier conocimiento.
“No obstante, estas manifestaciones no han sido ratificadas en la oportunidad establecida por el ordenamiento jurídico, para surtir el reconocimiento de responsabilidad correspondiente, esto es, después de ponerle de presente el resultado del ejercicio de contrastación ya explicado”, agregó la Sala de Reconocimiento.
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La decisión final es que el general (r) Mario Montoya seguirá con su proceso de sometimiento ante la JEP.
Caso 03 en la JEP
Dentro del caso 03, conocido también como el de “falsos positivos”, abierto el 17 de julio de 2018, los magistrados de la JEP han abordado hechos cometidos por integrantes de ocho unidades militares: en Cesar, el Batallón Artillería no.2 “La Popa”; en Antioquia, el Batallón de Artillería no. 4 “CR Jorge Eduardo Sánchez”; en Catatumbo, la Brigada Móvil no. 15 y el Batallón de Infantería no. 15 “General Santander”; en Casanare, la Decimosexta Brigada; en Meta, el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla del Pantano de Vargas”; en Huila el Batallón de Infantería no. 27 “Magdalena” y la Brigada 11 en Dabeiba.