Tres meses después del homicidio de Javier Ordóñez Bermúdez a manos de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá al interior de un CAI en el barrio Villa Luz, la Fiscalía General de la Nación llamó a imputación de cargos a dos patrulleros más, según se conoció en la noche del 16 de diciembre.
Al parecer, el ente judicial encontró indicios que relacionan a los uniformados con el homicidio del estudiante de derecho, e incluso estaría investigando la participación de por lo menos tres integrantes más de la fuerza pública en los hechos de la madrugada del 9 de septiembre pasado.
La audiencia tendrá lugar el próximo 9 de febrero de 2021 ante un juez de control de garantías y tendría por objeto abrir un proceso similar al llevado sobre los patrulleros de Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, que terminó en su destitución e inhabilidad durante los próximos 20 años, por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Vale recordar que el fallo del pasado 27 de octubre determinó que los funcionarios públicos eran responsables de dos faltas gravísimas por haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio de Ordóñez Bermúdez. Según la procuradora Aura Fajardo, asignada al caso, ambos agentes actuaron “con brutalidad e intencionalidad”.
“Se puede afirmar, sin lugar a ninguna duda, que el señor Javier Humberto Ordóñez fue objeto de violencia física a pesar del estado de indefensión en que se encontraba, mientras permaneció en el CAI Villa Luz […] sin consideración alguna, Javier Ordóñez recibió golpes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda”, afirmó la delegada durante la lectura del fallo que lo inhabilitó.
De acuerdo con la investigación hecha por la Procuraduría, todo comenzó cuando “la patrulla del cuadrante 47 requirió a tres uniformados, identificados como Wilder Salazar Guevara, Javier Ordóñez Bermúdez y Juan David Uribe, quienes transitaban por la acera derecha de la carrera 77A. A pocos segundos de iniciar este incidente se hizo uso excesivo de la fuerza, pues se disparó un arma de fuego con la que se hirió a Javier Ordóñez Bermúdez en su miembro inferior derecho”.
La situación escaló cuando Ordóñez y el patrullero Lloreda comenzaron a discutir de forma más acalorada, obligando a la intervención del patrullero Rodríguez y al posterior uso indebido de la pistola Taser, de descargas eléctricas.
Según lo detallado por el Ministerio Público, al momento del traslado de Ordóñez al CAI de Villaluz: “Entre el momento 15:22 y 17:18 se observa al patrullero Juan Camilo Lloreda ingresando al cuarto nuevamente y se advierten movimientos de actividad física del uniformado y el movimiento de los pies de Javier Ordóñez. A las 00:16 horas la panel 175376 se retira del CAI y salen los patrulleros Bonilla Bastidas y Rodríguez Díaz en una motocicleta”.
Un mes después de lo sucedido, Medicina Legal afirmó que la muerte del estudiante de derecho fue violenta, producida por terceros y, en resumen, un homicidio.
El resultado de esa investigación preliminar sirvió para acallar la tumultuosa situación social que se vivía en el país tras los hechos y que resultó en 72 CAI vandalizados, trece muertos y 294 heridos, entre los que se cuentan al menos 70 personas lesionadas por armas de fuego, según RCN Radio.
Cifras que, al igual que la investigación por el asesinato de Ordóñez, continúan en investigación actualmente por exceso de uso de la fuerza y uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la misma Policía Nacional.
Por el momento se desconocen las identidades y las pruebas en contra de los dos patrulleros que se suman al proceso.
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